La lucha contra el Brexit llega a la Corte Suprema británica

El Brexit comienza a abrir cada día un frente a Theresa May desde que hace dos semanas se decantó por su versión dura. La Corte Suprema británica ha iniciado este jueves la vista de un recurso contra la intención del Gobierno de iniciar la salida de la UE sin que lo vote el Parlamento.

May ha anunciado que invocará antes de finales de marzo el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que pone en marcha el proceso de ruptura. Las negociaciones durarán dos años y el Reino Unido podría estar fuera de la UE en 2019. Los denunciantes alegan que tomar esa decisión sin que la vote el Parlamento no es legal, porque vulnera la Constitución no escrita británica.

El caso ha sido promovido por Gina Miller, europeísta y fundadora hace dos años en Chelsea del fondo de inversión SCM Private, y por la peluquera Deir dos Santos, de 37 años, ambas de nacionalidad británica. La secunda la asociación de expatriados People’s Challenge.

El alto tribunal estudiará el caso hasta el próximo martes. El debate constitucional que se abre es muy interesante y trascendente: ¿Puede el Ejecutivo revertir una ley que ha sido aprobada por el Parlamento sin volver a pasar por él? Gina Miller asegura que tienen su demanda “muy bien sustentada”. Su argumento radica en que la Ley de Comunidades Europeas de 1972 consagró unos derechos individuales, que ahora se verían revocados al salir de la UE. “Una legislación solo puede ser retirada por otra legislación”, explican. May ha aceptado que el Parlamento controle las negociaciones de salida de la UE, pero ha remarcado tajantemente que no permitirá que vote la activación del Artículo 50.

Arma de doble filo

El Gobierno estará representado en la vista por el fiscal general del Estado, Jeremy Wright. El Ejecutivo invoca la llamada “prerrogativa real”, de origen medieval y que concede poderes al ejecutivo al amparo de la Corona. Es una figura controvertida, que hace por ejemplo que muchos temas de asuntos exteriores no pasen por el Parlamento y los lleve en solitario el Ejecutivo. El Gobierno replica también que el mandato democrático para utilizar la prerrogativa real ya lo ha dado en este caso el propio referéndum, donde el Brexit se impuso por 51,9% frente a 48,1%.

“La decisión de dejar la UE no es judicializable. Es un asunto de la más alta política reservado a la Corona”, afirman fuentes del Gobierno. Gina Miller, una atractiva ejecutiva de 51 años, nacida en Guyana y que vive en el Reino Unido desde 1976, asegura que no quiere retrasar la salida de la UE, “sino garantizar que el futuro de este país vaya por el proceso constitucional correcto, conforme a nuestras leyes”. Sin embargo es evidente que la plataforma denunciante agrupa a personas contrarias al Brexit. La propia Miller expresó en su día su desconsuelo tras el triunfo del Leave.

El fallo de la Corte Suprema produciría un terremoto político si obligase a votar la invocación del Artículo 50, porque en la Cámara de los Comunes existe una mayoría de diputados partidarios de la permanencia en la UE, o al menos que lo eran en la campaña del referéndum.

La Bill of Rigths de 1689, la carta de derechos que fortaleció al Parlamento, es un documento siempre reivindicado por tories euroescépticos como David Davis, el actual ministro de Salida de la UE. Pero ahora puede revolverse contra ellos, porque prohíbe expresamente el uso de la prerrogativa real para suspender una ley.