La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega

La fiscal general de Venezuela acusa a Maduro de tomar «decisiones que no están de acuerdo con la ley»

Luisa Ortega vuelve a criticar al gobierno chavista tras la convocatoria del presidente de una asamblea constituyente, y denuncia el uso de la violencia durante las protestas

MADRID Actualizado: Guardar
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La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha vuelto a criticar al gobierno chavista. Si hace una semanas criticaba la decisión del Tribunal Supremo de quitar las competencias a la Asamblea Nacional, ayer ha acusado aMaduro de estar tomando «decisiones que no están de acuerdo con la ley», en un momento en el que la tensión política ha llegado a un punto álgido, después de que el presidente convocara una Asamblea Constituyente.

«No podemos exigir comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no van acorde con la ley», ha señalado la fiscal en una entrevista concedida al diario 'The Wall Street Journal' y recogida por los medios venezolanos.

En el marco de la entrevista, Ortega Díaz ha considerado que dada la situación que vive el país es necesario dialogar y negociar, y llegar a «decisiones« que se tomen «por el bien del país«.

Con respecto a la Carta Magna, que ha definido como «la Constitución de (el fallecido presidente, Hugo) Chávez», la fiscal general ha asegurado que ésta es «inderrotable«.

Este mismo miércoles, Maduro ha acudido a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para entregar su propuesta para convocar una Asamblea Nacional Constituyente «ciudadana» con la que busca derrotar el supuesto «golpe de Estado» con el que la oposición y sus aliados regionales pretenderían hacer caer su Gobierno.

Durante la entrevista con el WSJ, Ortega también ha denunciado el uso de grupos civiles armados que hacen la licitación del gobierno. Ella ha instado a que se respete el derecho de protesta y se garantice el debido proceso, quejándose de cientos de detenciones arbitrarias por parte de la Guardia Nacional y la policía de inteligencia. «No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley», dijo Ortega

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