La renuncia del ministro de Hacienda ahonda la crisis en Brasil

El ministro de Hacienda brasileño, Joaquim Levy, un economista conservador respetado entre los inversores internacionales, ha anunciado este viernes su renuncia al cargo. La presidenta Dilma Rousseff, bajo amenaza de un juicio político y la crisis económica, nombró en su lugar al titular de Planificación, Nelson Barbosa.

Barbosa es uno de los más estrechos colaboradores de Rousseff y, como tal, participó activamente en la elaboración del programa económico para la campaña electoral de 2014. Se ha enfrentado públicamente a otros miembros del Gobierno por ser partidario de un plan de austeridad para rescatar las finanzas públicas, señalaron fuentes oficiales a Reuters.

Los medios de comunicación brasileños destacaron por su parte que no habrá cambios sustanciales en la gestión del erario público porque Barbosa y su antecesor, Levy, estaban de acuerdo en el 90 por ciento de los asuntos, incluida la necesidad de llevar a cabo un ajuste fiscal.

La presidenta Rousseff aprovechó la designación de Barbosa para agradecer a Levy «su dedicación» y subrayó que «ha tenido un papel fundamental para enfrentar la crisis económica». El Ejecutivo brasileño anunció también que Valdir Simão será el nuevo ministro de Planificación.

En medio de las especulaciones sobre su salida, Levy habló este viernes en tono de despedida durante una rueda de prensa, pero se negó a confirmar o desmentir esas versiones. «Todo lo contrario», se limitó a declarar el ministro cuando fue preguntado de una y otra manera sobre las insistentes conjeturas en torno a lo era «inminente» para la prensa local, informa Efe.

Joaquim Levy se refirió a su gestión en Hacienda siempre en pasado y confesó que siente cierta «decepción» por la «falta de respaldo», tanto del Gobierno como del Parlamento, a algunas medidas que propuso para ajustar las cuentas públicas y racionalizar el gasto.

Respiro para Rousseff

El Tribunal Supremo Federal, mientras tanto, ha dado un respiro a la presidenta Rousseff, con fallos que mejoran sus posibilidades de bloquear un intento juicio político por parte de opositores que buscan su destitución. Los jueces decidieron el jueves dar al Senado la autoridad de revisar las bases para el juicio político, incluso si la Cámara Baja vota para procesarla por la supuesta violación de las reglas presupuestarias cometida en 2014.

Una mayoría del tribunal también votó en contra de la validez de una elección secreta para crear un comité que debe revisar si Rousseff cometió o no ofensas que justifiquen un juicio político, lo que fuerza a la selección de sus miembros en un acto abierto.

Los opositores señalan que el Senado debe suspender de forma automática a la presidenta y comenzar el juicio –que podría durar seis meses– en cuanto los dos tercios de la Cámara Baja voten para proceder con el proceso. La presidenta, sin embargo, tiene más opciones de bloquear el proceso en el Senado, su última línea de defensa. El Supremo también acordó que el Senado pueda admitir o rechazar el juicio político con una mayoría simple.