La escasez de medicinas en Venezuela «es provocada»

El gremio de la salud pide a la Cruz Roja que investigue si el régimen las esconde

AFP

Ymarú Rojas

El fallecimiento de seis niños en el Hospital José Manuel de los Ríos, cuatro de ellos mientras aguardaban respuesta para el trasplante de médula ósea, tiene consternada a la población venezolana. Ayer, el gremio del sector de la salud se organizó para manifestarse en las afueras del recinto médico, ubicado en Caracas, y se trasladaron luego hasta la sede de la Cruz Roja, cercana al hospital donde murieron los primeros cuatro niños la semana pasada.

Según los representantes del gremio, en los hospitales de Venezuela se padece un déficit del 90 por ciento de suministros. El sector denuncia al régimen chavista por no estar a la altura del problema, y rechazan el argumento de Nicolás Maduro de que los niños no han podido ser atendidos -ni se pueden importar medicamentos- debido al bloqueo económico y a las sanciones que mantiene el Gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela.

Los médicos, enfermeras y profesores universitarios que participaron en la manifestación exigieron ayer a la Cruz Roja Venezuela «una auditoría de la ayuda humanitaria» que entró en el país a principios de abril y que debía ser aplicada a los casos crónicos y más graves de venezolanos que se han visto afectados por la devastadora crisis humanitaria. Ana Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, exigió a la Fiscalía General de Venezuela abrir una investigación ante las denuncias que existen sobre medicamentos que estarían «bajo llave» dentro del JM de los Ríos.

Esta semana, otros dos niños fallecieron en el mismo hospital por falta de medicamentos. Yoider Carrera, de dos años falleció el lunes por un tumor cerebral, y Nicol Díaz, de 3 meses de edad, murió horas más tarde por una meningitis. Las familias de los niños denunciaron que en el hospital no respondieron para suministrarles medicamentos.

El parlamentario y presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ayuda Humanitaria, Miguel Pizarro, ha publicado en su cuenta en Twitter un informe sobre la crisis de salud infantil en Venezuela, que ha estudiado la dramática situación desde enero hasta mayo de este año, y en el que se exponen los casos de Giovanny Figuera (6 años), Robert Redondo (7 años), Yeiderberth Requena (8 años) y Erick Altuve (11 años), niños que formaban parte de un grupo de 30 que esperaban trasplante de médula. Sus muertes -la semana pasada- solo causaron impacto cuando sus familias decidieron coordinarse para denunciar la negligencia del Estado.

Enfermos crónicos

El informe en cuestión señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a todos los niños que son pacientes del Hospital JM de los Ríos después de las denuncias «sobre riesgos y daños irreparables a la salud y a la vida por el desabastecimiento de medicamentos, insumos y equipos médicos, otorgando protección internacional para garantizar la vida, integridad y salud de los niños» venezolanos.

La oposición venezolana también ha denunciado que la base de datos de niños que esperan trasplante de médula ósea ha sido negada por parte de las autoridades del hospital JM de los Ríos a Juan Guaidó, quien asumió la presidencia interina en enero y desde entonces se comprometió a trabajar para ayudar a más de 250.000 venezolanos que tienen un diagnóstico médico crónico. Guaidó condenó a finales de la semana pasada que Maduro aprobara millones de euros para la compra de armamento y uniformes militares, y subrayó que esos recursos podrían haber sido utilizados para ayudar a los enfermos del país.

El Estado venezolano mantiene una deuda de casi 10 millones de euros con el Gobierno de Italia, y esa morosidad ha roto el acuerdo que sostenía la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) con la Asociación para el Trasplante de Médula Ósea (ATMO) de Italia, que consistía en trasladar a niños para que fueran atendidos quirúrgicamente. Ladeuda trajo como consecuencia la suspensión del acuerdo para las familias que estaban en la lista de espera, a finales de 2018.

Las deudas comenzaron mucho antes de que Estados Unidos sancionara al régimen por actos de corrupción con los recursos de Pdvsa.

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