Los demócratas rompen la tradición y se oponen a un cargo de Trump

El Año Nuevo, 2017, no va a ser uno más en la dilatada historia política de Estados Unidos. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que se materializará el 20 de enero con su toma de posesión, trae consigo acontecimientos nunca vistos en más de dos siglos. Y no puede decirse que este país no haya vivido convulsiones… El arranque ayer en el Senado de las audiencias de los altos cargos designados por el presidente electo, anuncia un mandato bronco. Apenas unas horas después de que Trump confirmara la designación de su yerno Jared Kushner como asesor personal en la Casa Blanca, que despierta recelos y dudas legales, la cámara alta del legislativo estadounidense vivió una sesión de protestas y enfrentamientos.

Continuas interrupciones de miembros del público, con acusaciones de racismo a Jeff Sessions, el hasta ahora senador llamado a ser Fiscal General, acapararon parte de una agitada sesión, en la que algunos demócratas rompieron con la tradición y votaron contra su nombramiento. Frente a un pasado discutido, el interpelado fue lo más contundente que pudo: "Aborrezco al Ku-Klux-Klan y toda la ideología que defiende".

La condescendencia de los senadores republicanos contrastó con la agresividad de algunos miembros de la minoría demócrata, que se emplearon a fondo para desacreditar y examinar las convicciones personales de Sessions, y del presidente que le ha nominado, Donald Trump. Conforme avanzaba la audiencia en la Comisión Judicial, de manera periódica, diferentes alborotadores fueron interrumpiendo la sesión con acusaciones directas al candidato de llevar el "odio" y el "regreso de la supremacía blanca" a Estados Unidos. Su designación ha despertado muchas suspicacias por los mismos motivos por los que la cámara legislativa rechazó su nombramiento como juez federal en 1986, propuesta realizada entonces por el presidente Ronald Reagan.

La principal alegación en su contra fueron varias declaraciones, formuladas pocos años antes, cuando era fiscal del distrito sur de Alabama, en las que simpatizaba con el KKK, rechazaba la Ley de los Derechos de Voto (que incorporó el sufragio de los estadounidenses de raza negra en 1965) y acusaba a la NAACP, principal asociación afroamericana, de no ser ciudadanos del país. Ayer, Sessions calificó de "condenadamente falsas" esas alegaciones.

Durante un interrogatorio prolongado, que sirvió para que el futuro Fiscal General aventurara su posición ante las materias más conflictivas, algunos senadores se desmarcaron de la costumbre institucional de respaldar a los nominados a integrar la Administración del nuevo presidente, y se mostraron dispuestos a votar en contra de la designación realizada por Trump. Dado el precedente de que la actual Fiscal, Loretta Lynch, tardó 166 días en ser avalada, la confirmación de Sessions tiene aún camino que recorrer.

Antes, el interrogado había asegurado estar "totalmente comprometido con el cumplimiento de la ley", incluso en aquellos casos en los que ello implicara tomar decisiones contrarias a las opiniones y votaciones efectuados durante su etapa de senador (1996-2016).

Decir «no» al presidente

A preguntas de los senadores, Sessions se desmarcó del presidente electo al rechazar categóricamente los polémicos ahogamientos en los interrogatorios, defendidos por Trump durante la pasada campaña electoral, que el nominado para Fiscal General tachó de "absolutamente ilegales". Tampoco compartió la propuesta de su patrocinador de prohibir la entrada al país a los musulmanes, que Trump planteó en diversas ocasiones, casi siempre después de un ataque yihadista. Con relación a esas posibles discrepancias, Sessions se mostró también firme al afirmar que diría que "no" al futuro presidente de Estados Unidos cuando se diera el caso, "siempre en defensa de la ley".

Las incisivas preguntas de los senadores demócratas sobre sus posturas antiinmigración confirmaron que el futuro Fiscal General no se opondrá a las posibles deportaciones que pueda promover la Administración Trump. En sus réplicas, Sessions se mostró contrario a las órdenes ejecutivas de que firmó en su día Barack Obama para evitarlas, que consideró "inconstitucionales".

El repaso de la sesión a los asuntos políticos más candentes no obvió una posible denuncia judicial contra la senadora y última candidata demócrata, Hillary Clinton, que podría venir del conocido como escándalo de los e-mails, por el uso de servidores y cuentas privadas para su gestión al frente del Departamento de Estado, o de la controvertida Fundación Clinton. El polémico político republicano aseguró que se recusaría a sí mismo para evitar formar parte de cualquier investigación de su departamento.