Bruselas toma medidas para evitar la circulación de refugiados por la Unión Europea

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles cambios en las normas de asilo para que sean obligatorias las sanciones, hast ahora voluntarios, que se pueden aplicar a los demandantes de asilo que no cooperan en la tramitación de su expediente o se desplacen dentro de la Unión Europea antes de recibir el estatus de refugiado.

«Asignamos derechos y deberes claros a los demandantes de asilo para evitar los movimientos secundarios y evitar abusos», ha anunciado el comisario de Interior e Inmigración, Dimitris Avramopoulos.

Con ello se quiere desincentivar la entrada ilegal de inmigrantes a suelo comunitario y evitar que aquellos que sí logran llegar se desplacen sin control hasta el Estado miembro en el que desean instalarse, antes de presentar su demanda de asilo.

La norma actual establece que el país de entrada en el bloque es el que debe tramitar y resolver la petición de protección de asilo y que el solicitante debe quedarse en él mientras se resuelve su expediente.

Bruselas ya planteó hace meses la necesidad de hacer más estrictas las reglas contra quienes abusan del sistema, pero ahora plantea medidas concretas como, por ejemplo, que la no cooperación con las autoridades sea castigada.

Así, pasaría a ser obligatoria la posibilidad que ya existe de denegar una demanda de asilo si el solicitante se niega a colaborar o rechazar su tramitación acelerada.

También plantea que se empiece a contar desde cero el plazo de cinco años que un refugiado debe estar en un Estado miembro para solicitar la residencia cada vez que se detecte que ha salido de ese país para viajar a otro para el que no tiene permiso de entrada.

«Queremos asegurar que la protección internacional se le da a todos los que la necesiten», ha dicho el comisario, quien ha avisado que también se debe proceder con diligencia para deportar a quienes no tienen derecho al estatus de refugiado y se encuentran en situación irregular.

Colaboración entre países

Bruselas aboga por un marco común y voluntario, que ofrezca oportunidades «organizadas y seguras» de llegada a los inmigrantes y anime a los Estados miembros a asociarse desde el inicio del proceso, para ganar en eficacia y reducir los tiempos de los procesos.

El plan en el que piensa el Ejecutivo comunitario dejaría en manos de los Estados miembros el número de refugiados que desean acoger cada año desde terceros países, pero a cambio promete una ayuda de 10.000 euros por cada una de las personas que sea acogida bajo este futuro marco. Este apoyo procederá de los fondos que la Unión Europea asigna al apoyo al asilo.

Para su puesta en marcha común, Bruselas aclara que sería necesario fijar criterios consensuados sobre desde qué países se realizarían los traslados y cuántos inmigrantes se podrían beneficiar, así como valorar el grado de colaboración de estos terceros países en la lucha contra la inmigración irregular.

En la actualidad, la Unión Europea cuenta con dos programas europeos por los que se han establecido cuotas obligatorias de plazas de acogida para cada país, aunque la mayoría no se ha cumplido.

Así, apenas 3.056 demandantes de asilo de los 160.000 que los Estados miembros se comprometieron a reubicar desde Italia y Grecia han sido realmente trasladados a nuevos destinos. De ellos, 187 han sido recibidos en España.

En cuanto al plan para trasladar a 22.500 personas con derecho a protección internacional desde campos de refugiados en Turquía, Jordania y Líbano, la Unión Europea apenas ha acogido a 8.268, de los que España ha recibido a 175.