Alrededor de un centenar de cubanos están siendo enjuiciados por las protestas del 11-J
Entre los muchos cargos que se les imputan figura el de sedición, que puede conllevar la pena de muerte según la ley
Entre el 13 y el 17 de diciembre están siendo enjuiciados al menos 96 ciudadanos cubanos en todo el país, en unos 8 juicios , por participar en las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio (11-J) de 2021 , según informó el Grupo de Trabajo Justicia 11-J. A ello se suman otras 37 personas sancionadas en juicios ordinarios en semanas pasadas, y unas 67 que fueron sancionadas en juicios sumarios a fines del mes de agosto.
Hasta fines del mes de diciembre, cientos de manifestantes del 11-J, inclusive varios menores de 18 años, serán procesados en la isla. Las peticiones fiscales oscilan entre 1 y 25 años de privación de libertad; entre los delitos imputados se hallan: desórdenes públicos, desacato, resistencia, atentado, instigación a delinquir, robo con fuerza y sabotaje. De acuerdo con la documentación de Justicia 11-J, un total de 140 personas se enfrentan a cargos por sedición, un delito por el cual, según el Código Penal cubano, la sanción pudiera llegar a ser la muerte.
Justicia 11-J ha registrado un total de 1.314 personas detenidas en relación con las protestas del 11 de julio, de las cuales al menos 696 continúan en los centros de reclusión; de las 570 personas que han sido excarceladas, muchas están en espera de juicio bajo medida cautelar de libertad bajo fianza o prisión domiciliaria.
Por su parte, Prisoners Defenders reporta actualmente 712 presos políticos en Cuba, cifra récord en la isla, de los cuales 562 se sumaron a raíz de las protestas del 11-J; sin embargo, reconocen que la cifra es aún inferior al 35% respecto al total generado por la ola represiva.
Entre los procesados esta semana se encuentran 17 manifestantes de la localidad de San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, el epicentro de las protestas del 11-J; uno de ellos es Yoan de la Cruz, el joven de 27 años que transmitió en vivo la protesta en esa localidad y por ello está siendo acusado de los supuestos delitos de desórdenes públicos y desacato, con una petición fiscal de 8 años de privación de libertad.
Cúmulo de irregularidades
Según denuncias de las madres, familiares de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos, en los juicios se están cometiendo varias irregularidades: testigos y testimonios construidos, testigos que no conocen a los acusados , peticiones fiscales excesivas -algunas comparables con los delitos de homicidio según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos-, amenazas e intimidaciones tanto a los acusados como a los familiares, y complicidad de jueces y fiscales que no poseen independiencia del régimen.
Maribel Cruz, madre de Yoan de la Cruz, narró cómo en el juicio a cada uno de los familiares les ponen un policía al lado que los requisan constantemente y acompañan incluso al baño. «A mí, cuando moví la cabeza negando las mentiras que estaba escuchando de mi hijo, la policía que estaba a mi lado me dijo ‘si sigues moviendo la cabeza te saco de aquí’; (…) allí no podemos ni movernos, todo les molesta, son personas malas», afirmó.
La abogada y directora de CubaLex, Laritza Diversent, opina que el juicio a los manifestantes de San Antonio de los Baños demuestra un ensañamiento con los habitantes de esa ciudad por ser el kilómetro cero de las protestas del 11-J, por lo que se trata de un castigo ejemplarizante, y «la intención es que el resto de la comunidad no vuelva a desarrollar conductas similares».
Noticias relacionadas
