La alargada sombra de Grecia planea sobre Portugal

Los 41 años de democracia en Portugal (desde la Revolución de los Claveles) nunca han visto una situación política como la actual. Por supuesto que no en todas las legislaturas anteriores estuvo vigente la mayoría absoluta, pero la «regla no escrita» de encargar gobierno a la lista más votada se venía respetando sin fisuras.

Hoy, sin embargo, el país vecino se encamina hacia un gobierno de izquierda encabezado por el Partido Socialista, que se quedó a 21 puntos del centro-derecha de Passos Coelho en las pasadas elecciones del 4 de octubre. Sus frágiles acuerdos bilaterales con el Bloco de Esquerda, el Partido Comunista y el PEV ecologista así lo facilitan, salvo que el presidente Cavaco Silva no decida investir a António Costa.

Tras el éxito de la moción de rechazo al líder socialdemócrata, las consecuencias de semejante giro ya se están notando. La izquierda radical presiona a los socialistas para que Portugal despliegue unas líneas maestras que sigan la estela desarrollada por Syriza en Atenas. Su planteamiento a la contra incomoda a un sector del PS, pero las divergencias internas ya no se podrán materializar hasta el próximo congreso del partido, en virtud de la férrea disciplina impuesta por su líder.

El primer choque con el extremismo superficialmente aliado no ha tardado en manifestarse: Costa se muestra de acuerdo en que, si se le confirma como primer ministro, una de las banderas programáticas prioritarias sea anular la privatización de TAP, la que era única aerolínea cien por cien pública de Europa hasta que fue vendida recientemente a un consorcio capitaneado por el millonario brasileño-estadounidense David Neeleman.

No aumentar la deuda

Pero los comunistas no se conforman con tal medida y exigen revertir también las demás operaciones similares en el ámbito de los transportes públicos (caso del Metro y los autobuses de Lisboa, adjudicados al grupo español Avanza). El PS sólo asentiría en caso de que no se generase ningún coste para el Estado, pues no puede permitirse el lujo de ampliar de forma indiscriminada su deuda pública.

Los grandes inversores internacionales comienzan a retraerse en su desembarco portugués. Y el fantasma de una nueva Grecia sobrevuela estos momentos de «impasse» político, más de cinco semanas después de los comicios.

Durante los cuatro años de mandato de Passos Coelho, el país sufrió las embestidas de la austeridad, sí, pero cumplió sin problemas todos sus compromisos internacionales y el rescate de 78.000 millones de euros solicitado en 2011 no pasó de una petición dramática pero aislada.

Ahora Portugal puede tal vez regresar a la senda de las turbulencias económicas, en vista de que los planes apuntados en los pactos firmados por António Costa, Catarina Martins (BE) y Jerónimo de Sousa (PCP) implican un evidente incremento del gasto público.

Por ejemplo, estos partidos apuestan por aumentar la cuantía de las pensiones, pero eso tendría un coste de 426 millones de euros para las arcas del Estado.

En similares términos circula su idea de subir el salario mínimo, actualmente 505 euros brutos al mes. Su intención sería llegar hasta los 530 en 2016, pero sus acuerdos mínimos no especifican cómo se financiarían esas cantidades sin que se resientan los presupuestos.

Los comunistas se empeñan en lanzar a los cuatro vientos iniciativas que hacen temer por un difícil encaje con las estructuras financieras en vigor. Parece que, si Costa toma el poder, las tensiones en el flanco de la izquierda no van a dejar de cristalizar.

Todas estas circunstancias son las que mantienen al país en vilo, con una progresiva crispación entre los ciudadanos, como demostraron las dos concentraciones de signo contrario que se convocaron a las puertas del Parlamento el pasado 10 de noviembre, día en que se votó la opción de rechazo a Passos Coelho.

En cualquier caso, la actitud desafiante del Bloco y del PCP ha llevado a sus líderes a insinuar que no les temblaría el pulso para dejar caer a António Costa si éste no se aviene a sus propuestas.

Vuelve el vértigo

¿Han dejado entonces de asumir los portugueses que sólo la austeridad puede liberarlos definitivamente de la tutela financiera de la troika, y de no tener que recurrir a ella otra vez? Las urnas hablaron, y parece que la respuesta a este dilema apuntó a que la mayoría no es completamente reacia a la austeridad, en vista de que la coalición de centro-derecha Portugal à Frente, de Passos Coelho, consiguió hace unas semanas 104 diputados en la Asamblea de la República.

Faltó lograr un respaldo que se tradujera en mayoría absoluta, pero el Partido Socialista de António Costa quedó 20 puntos por debajo. Conclusión: los sacrificios no han hechjo desisitir del todo a los ciudadanos lusos de renovar su confianza en el líder conservador que, al fin y al cabo, ha sacado al país del atolladero en que se encontraba.

Hasta que Costa optó por la izquierda radical, ambos mandatarios parecían casi obligados a entenderse, sobre todo si prima el sentido de Estado, como la situación requiere. Cierto que Portugal ha hecho sus deberes económicos y que el FMI ha cerrado incluso su oficina en Lisboa precisamente por esa razón, pero la relajación y un hipotético desvío del foco podría acarrear consecuencias catastróficas al otro lado de la frontera. Las tres grandes agencias norteamericanas de calificación de riesgo ya han dejado claro que su vigilancia no padece ningún letargo. Al contrario. Standard and Poor’s ha elevado ligeramente su nota a Portugal, pero Fitch y Moodys’ no terminan de fiarse. De hecho, alertan sobre la sombra de la inestabilidad política, si es que Costa no se aviene a pactar en aras del necesario equilibrio.

La palabra «austeridad» no sólo ha marcado los cuatro años de la anterior legislatura. También está ahora sobre la mesa ya que Portugal no puede permitirse un alejamiento de la senda establecida para recuperar la inversión.

Déficit público

El gran escollo se centra en el déficit público, prometido por debajo del 3%, pero que cerrará el año por encima. Y eso sin contar con el fracaso de la operación para vender Novo Banco, la entidad resultante de la quiebra del Espirito Santo. Esta circunstancia obliga a que el fondo de dinero público que sustenta la firma (4.900 millones de euros) deba mantenerse más tiempo, por lo que las cuentas del Estado tardarán en mesurarse y el citado déficit se plantará en 2016 catapultado al 7,2 por ciento.

Este dato es uno de los más inquietantes en términos macroeconómicos, mientras que a la gente de a pie lo que más le preocupa es que no crezca más el número de trabajadores que cobra el salario mínimo (505 euros brutos al mes) después de haberse duplicado en los dos últimos años.

El IVA al 23 por ciento supone una carga impositiva muy elevada para los pequeños empresarios, aunque sólo con esta fórmula y la puesta en marcha de otras tasas (como la sanitaria o la que se avecina el año que viene del 1 por ciento para las pernoctaciones turísticas) ha podido recaudarse la cantidad necesaria para devolver a tiempo los altísimos intereses generados por los 78.000 millones de euros solicitados a la troika.

La presión económica sobre las clases medias ha mermado la capacidad de ahorro de los portugueses. Sin embargo, el nivel de paro se halla más de 10 puntos por detrás del registrado en España.

Determinados sectores critican a Passos Coelho por haber impulsado una política de privatizaciones que consideran «salvaje», pero el tiempo parece avalar semejantes planes, en vista de que la urgencia de la liquidez ha desaparecido (al menos por ahora).