Los dos meses más negros de Peña Nieto

Se cumplen dos meses desde que los seis muertos y los 43 estudiantes desaparecieran de la Escuela Normalista de Ayotzninapa. Tras estos más de sesenta días, México, que estaba ya en un continuum de violencia y amenazas, parece haber dicho basta. Que no se repita más un caso como este. Ante las manifestaciones continuas y los disturbios contra el miedo, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha presentado esta semana un plan para atajar la corrupción y la impunidad. «Después de Iguala, México debe cambiar», aseguró el presidente. Pero mientras presentaba sus diez medidas, hallaron en el Estado de Guerrero once cuerpos decapitados y calcinados.

En ese decálogo contra el crimen organizado, Peña Nieto unifica la Policía local, eliminando las 1.800 policías municipales y establecer un solo cuerpo por estado, 32 en total.

Pretende con ello acabar con la infiltración del narcotráfico. También ha puesto en marcha un teléfono único nacional para emergencias y el equivalente al DNI español, «una clave única de identidad». Tal como contó la corresponsal de ABC Yaiza Santos, el plan incluye asimismo la aceleración de la reforma judicial que establecería juicios orales (inexistentes), un despliegue especial de fuerzas federales en la región de Tierra Caliente (repartida entre Michoacán y Guerrero), así como medidas con las que garantizar que se respeten los derechos humanos. Medidas para intentar fusionar «los dos Méxicos», uno desarrollado y el otro muy pobre, según se ha referido el propio presidente mexicano.

Sin embargo, pese a la mediática presentación, todavía persiste la desconfianza hacia la acción y la voluntad del Gobierno. Uno de los más críticos ha sido el influyente «The Economist», en su editorial. Para el semanario británico, Peña Nieto «podría haber perdido la oportunidad de cambiar el rumbo de la opinión pública». «The Economist» criticó que el presidente mexicano no reconociera ninguna responsabilidad de la crisis causada en el país tras la desaparición de los 43 normalistas en Iguala (Guerrero).

«Ningún cambio»

«Yo no he visto ningún cambio por parte del Gobierno. Al contrario, yo lo veo como un papá regañón, de esos chapados a la antigua que no reconoce sus defectos, que es testarudo y regaña a los hijos para que no hablen mal de él», señala a ABC el periodista freelance mexicano Adrián Roa. Muy crítico, Roa denuncia que de esa forma solo maleduca, y que reconocer los errores cometidos no tiene nada de malo. «Es mucho mejor que encerrarse y no aceptar que se ha equivocado».

Por su parte, «The Economist» critica que Peña Nieto no haya «reconocido el estado de ánimo» de los mexicanos, que continúan multiplicando las protestas contra su gestión. «El presidente corre ahora el riesgo de seguir mirando fuera de la realidad, como ha venido haciendo desde comenzó esta crisis», añade.

La opinión pública le acusa de esconderse, de mirar para otro lado, tal como le recrimina el editorial de la publicación británica. No en vano, no fue hasta el 6 de octubre, once días después de registrarse la desaparición de los estudiantes, cuando Peña Nieto habló por primera vez del caso. El mismo día, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano que otorgara medidas cautelares en favor de estudiantes de la escuela rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa. También, ese día, miembros de la Gendarmería tomaron el control de la seguridad en el municipio de Iguala, según incluye en la cronología de los hechos el portal mexicano «Animal Político».

Cronología de una crisis

Dos días más tarde, el 8 de octubre, Amnistía Internacional emitió ocho recomendaciones al Gobierno de Peña Nieto para que las autoridades a su cargo aceleraran la investigación y encontraran a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero. Tres semanas más tarde, el 29 de octubre, cuando el Papa Francisco pidió rezar por los desaparecidos, los padres de los 43 estudiantes se reunieron en privado con el presidente Enrique Peña Nieto. Tras dicha reunión, los padres dijeron que no confiaban en las investigaciones del Gobierno federal sobre el paradero de los jóvenes.

El 9 de noviembre, desde Alaska, Peña Nieto señaló que su país estaba en duelo nacional. El 15 de noviembre aseguró que el dolor de las familias no debe justificar la violencia y el desorden. Tres días más tarde denunció un plan para desestabilizar el país y el 23 de noviembre los alumnos de la Escuela de los desaparecidos pidieron la renuncia del presidente.

Esta crisis -ya de por sí grave- empeoró cuando el reportaje de la periodista Carmen Arístegui destapó que la esposa del presidente mandó construir una mansión a una empresa que formó parte del consorcio al que el Gobierno mexicano entregó (y revocó días después) la licitación para construir el tren rápido México-Querétaro.

«Hay desestabilizacion social por donde quieras que marchas», comenta Ary, maestra de escuela primaria del Estado de Veracruz. «Nadie entra en Guerrero por miedo a que le pueda pasar algo, solo en Acapulco, que era uno de los centros turísticos importantes en Mexico, han despedido a la mayoría de los trabajadores del sector turístico para esta temporada: se cancelaron todas las reservas», explica.

Según el «Global Peace Index 2014», México se sitúa en el puesto 138 de los 162 países del estudio. «Ahora Peña Nieto anunció la apertura del número 911 para "cualquier emergencia". El Gobierno no entiende que es la educación y no una línea telefónica lo que necesita el país», concluye el periodista mexicano.