La matanza de los abogados de Atocha: la barbarie que pudo tumbar la democracia española
La justicia brasileña ha autorizado la extradición de Carlos García Juliá, uno de los asesinos de la masacre, huído de la justicia desde 1992
La Corte Suprema de Brasil ha aprobado la extradición de Carlos García Juliá , condenado por su participación en la matanza de los abogados de Atocha en 1977. El ataque, perpetrado por un grupo de extrema derecha, acabó con la vida de cinco personas en un despacho laborista de Comisiones Obreras (todavía sin legalizar) y sacudió la Transición.
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El ABC, bajo las palabras «Última Hora», se hizo eco del suceso el martes 25 de enero. «De las gestiones realizadas, se vino en conocimiento de que en el citado piso, tercero izquierda de la finca 55 de la calle Atocha , y despacho de abogados laboristas, se presentaron de forma inopinada los individuos, de estatura mediana y edad aproximada a los veinticinco años, quienes empuñando sendas metralletas, dispararon ráfagas contra las personas que en dicho lugar se encontraba».
La tragedia que amenazó a la Transición
«Todos juntitos y con las manitas arriba» . Estas fueron las últimas palabras que oyeron las víctimas de la dramática matanza de Atocha, ocurrida el 24 de enero de 1977 . Un episodio que sacudió los cimientos de la incipiente democracia española, dentro de lo que se conoció como «Semana Negra» de la Transición.
La masacre se perpetró en un despacho laborista de Comisiones Obreras , vinculado al todavía ilegal Partido Comunista, que estaba situado en el número 55 de la calle Atocha . Hacía las once de la noche tres ultraderechistas se presentaron allí y asesinaron a tiros a cinco personas (tres abogados, un estudiante de Derecho y un administrativo) e hirieron a otras cuatro.
Los asesinos formaban parte de uno de los numerosos comandos de extrema derecha vinculados a Fuerza Nueva y a Falange, cuyo único fin era eliminar a quienes consideraban «enemigos de la Patria» y desestabilizar el nuevo sistema democrático. Al parecer, la matanza se derivó de un conflicto que hubo por las anteriores huelgas de transporte.
En los primeros días de 1977, la huelga de transporte privado de viajeros había paralizado buena parte de Madrid. Francisco Corredera Albadalejo, entonces secretario del Sindicato Provincial de Transportes y Comunicaciones de Madrid y afín a partidos políticos de extrema derecha, había tenido duros enfrentamientos con Joaquín Navarro. Este era secretario general del Sindicato de Transportes de CC.OO., también asesor del despacho laborista donde se cometió la matanza.
El objetivo de los asesinos era «dar un susto» al dirigente comunista Joaquín Navarro. Pero, cuando el comando terrorista irrumpió en el despacho, no lo encontró y los asaltantes abrieron fuego contra los allí presentes.
Juzgados y condenados
Tras la matanza, los asesinos no se tomaron la molestia de huir, creyéndose amparados por sus contactos políticos. Casi dos meses después del atentado fueron detenidos y puestos a disposición judicial. La Audiencia Nacional dictó sentencia en marzo de 1980.
El fallo condenó a Fernández Cerrá y García Juliá, autores materiales de los hechos, a 193 años de cárcel, y a Francisco Albadejo a 73 años. Esta fue la primera vez que la extrema derecha fue sentada en un banquillo, juzgada y condenada .
«En la finca 55 de la calle Atocha se presentaron los individuos quienes, empuñando sendas metralletas, dispararon ráfagas contra las personas del lugar»
La matanza de los abogados laboristas no solo constituyó uno de los capítulos más negros de la historia de España., también se convirtió en un salto adelante para la consolidación de la Transición . Una multitud de personas se congregaron dos días después del atentado ante el Palacio de Justicia de Madrid. Alli se inició el cortejo funebre, en completo silencio, a varias de sus víctimas. Este momento fue tildado como un auténtico signo por la libertad .
Sentencia incompleta
García Juliá fue condenado en 1980 a 193 años de cárcel como autor de nueve delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas. Sin embargo, su condena fue limitada al máximo de treinta años previsto entonces por la ley. En 1991 se le concedió la libertad provisional .
Un año después obtuvo la autorización para viajar a Asunción y trabajar allí, con la condición de presentarse cada mes en la Embajada española en Paraguay. No cumplió lo previstó y se fugó iniciando así un periplo de fugas por Latinoamérica. En diciembre fue detenido por las autoridades brasileñas , las cuales procederán proximamente a su repatriación a España, donde cumplirá los 3.855 días de prisión que le quedan.
