«La ley Celáa, otra ocasión perdida»

Hasta el año 1900 no se crea en España el Ministerio de Instrucción Pública, y ya en 1912 un diputado conservador señalaba en el Congreso que los vicios del sistema educativo español tenían su origen «en estar entregado al libérrimo arbitrio del político de tanda encargado del Ministerio de Instrucción Pública».

La solución no podía ser otra que llevar al Parlamento «una ley orgánica de instrucción pública que no sea obra de partido, sino en la que con el concurso de todos los partidos, y escuchando la voz de todos los intereses legítimos, se fije de una vez para muchos años la organización de nuestra enseñanza oficial».

El número de leyes de educación que se han sucedido en nuestro país desde 1975 es buena prueba de que tal consenso no es fácil de conseguir , pero al menos ha habido épocas en que se ha hecho hincapié en su conveniencia, y es un aspecto en el que insistió constantemente Gabilondo durante su mandato como ministro de Educación.

En la actualidad es evidente que un importante sector de la opinión pública española se ha posicionado contra la nueva ley, y que su revocación será tan solo cuestión de tiempo. Y la duda que a muchos nos queda es si no hubiera sido mejor no tener tanta prisa para llegar a ninguna parte, y dedicar más tiempo a un diálogo constructivo que evitara la amarga queja final del comunicado del Colegio Oficial de Docentes de Madrid: «¿Hasta cuándo vamos a estar publicando una nueva ley de educación cada vez que cambie el gobierno?».