PNV y EH Bildu aprueban enviar una delegación de observadores al juicio por el «procés»
La presidenta del Parlamento realizará las gestiones para que una comitiva esté presente «en las sesiones de la vista oral»
El Parlamento vasco aprobó este jueves, con el apoyo de PNV y EH Bildu, enviar una delegación de observadores al juicio contra los líderes del «procés» que se celebrará en enero en el Tribunal Supremo. La presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, deberá ahora realizar las «gestiones oportunas» para que una comitiva esté presente «en las sesiones de la vista oral».
El pleno de la Cámara vasca ha debatido un texto acordado por PNV y EH Bildu sobre el proceso judicial contra dirigentes independentistas de Cataluña que ha sido aprobado con el apoyo de los grupos firmantes, mientras que PSE y PP los han rechazado en su totalidad y Elkarrekin Podemos solo ha apoyado algunos puntos del texto.
De esta forma, con el apoyo de PNV y EH Bildu, el Parlamento Vasco ha acordado «estar presente en las sesiones de la vista oral» que se celebren ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a través de una delegación designada al efecto, y solicita a la presidenta de la Cámara, la realización de las «gestiones oportunas».
Con la abstención de Elkarrekin Podemos, la Cámara ha defendido que «la judicialización de la política, lejos de ofrecer soluciones, enquista, bloquea y dificulta las mismas», y ha insistido en que «el conflicto político derivado de la relación entre el Estado español y Cataluña debe encontrar la solución dialogada y negociada por vías políticas y democráticas».
Por ello, el Parlamento ha instado «a los distintos poderes del Estado español a respetar al pueblo de Cataluña, a las personas que lo integran, sus derechos individuales y colectivos y las decisiones que libre y democráticamente adopten sobre su futuro político».
Asimismo, con el apoyo de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, el Parlamento ha denunciado la «instrumentalización política de la Justicia que realiza el Estado español en el proceso judicial contra dirigentes independentistas de Cataluña».
En este sentido, ha afirmado que el denominado 'documento Cosidó' — en relación al mensaje por Wattsapp enviado por el senador del PP sobre la composición de la sala que juzgará este caso— supone «la quiebra absoluta del principio de separación de poderes» porque «descubre con absoluta transparencia la estrategia de dirigir el poder judicial desde instancias políticas controlando la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde detrás y presidiendo la Sala 61', con el objetivo político de 'descabezar líderes del soberanismo catalán y liquidar el independentismo».
El Parlamento Vasco también denuncia que «los delitos que se pretenden imputar a los independentistas catalanes constituyen, además de un disparate jurídico, un despropósito social y político», y ha exigido la «inmediata puesta en libertad» de Carme Forcadell, Jordi Sanchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raul Romeva, Joaquín Forn y Dolors Bassa.
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