El Gobierno retirará el recurso contra la Ley vasca de Abusos Policiales con «modificaciones»
Los cambios están enfocados a evitar que la norma invada competencias del Poder Judicial
Gobiernos estatal y vasco han alcanzado ya un acuerdo para retirar el recurso de inconstitucionalidad que pesa sobre la Ley de Abusos Policiales. El pacto se cerró el lunes, de forma que el anuncio oficial por parte del gabinete de Pedro Sánchez podría producirse el próximo viernes. La noticia la dio a conocer el portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, que informó de que la norma ha sido sometida a un «conjunto de modificaciones» para evitar que invada competencias del Poder Judicial.
Durante su comparecencia posterior al consejo de Gobierno semanal, Erkoreka explicó que el Ejecutivo central «se ha comprometido a aprobar en un próximo consejo de ministros» la retirada del recurso de inconstitucionalidad» contra la polémica ley, que entre otras disposiciones incluye la creación de una comisión de valoración destinada a decidir quién puede considerarse víctima de la violencia «de motivación política» entre los años 1978 y 1999.
Pese a que ha sido parcialmente modificada, la esencia de la ley sigue siendo la misma, aseveró el nacionalista, que consideró que el Gobierno vasco ha logrado «salvaguardar» su contenido y operatividad» y «garantizar» que las víctimas de abusos policiales «puedan ser reconocidas y reparadas». De hecho, avanzó que los cambios se limitarán a reforzar la «seguridad jurídica» de la norma, que a juicio del PSOE invadía competencias de los jueces: «Se salvaguardarán los derechos al honor, la presunción de inocencia y la protección de datos que podrían estar en entredicho con la ley inicial», destacó.
Sin valor jurisdiccional
Con todo, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, puntualizó ayer que la Ley de Abusos Policiales se ceñirá exclusivamente al ámbito administrativo. En declaraciones ante los medios en Vitoria, el socialista fue tajante a la hora de disociar la comisión de valoración de los órganos jurisdiccionales: «No lo es», insistió.
Loza informó también de que la norma va a recoger una manifestación explícita del derecho al honor, a la presunción de inocencia y a lo previsto en la legislación de protección de datos de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE). También se va a retirar la disposición adicional sexta de la norma, impugnada por el gabinete de Mariano Rajoy, en la que se hace mención a la «culpabilidad» en la vulneración de derechos por parte de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o fuera de él.
Cuerpos de policía a los que la sociedad nunca podrá agradecer suficientemente el trabajo que hicieron durante los años de actividad de la banda terrorista, añadió Loza. En este sentido, consideró que las actuaciones aisladas no pueden manchar el buen nombre de las FSE «y su mejor hacer en defensa de la libertad»: «Su sacrificio ha sido crucial para la derrota de ETA», sentenció.
A pesar de todo, Loza lamentó que desde la aprobación de la ley en el año 2016 hasta ahora las víctimas de abusos policiales no hayan podido ser reconocidas y reparadas por el recurso que el PP interpuso ante el Tribunal Constitucional (TC). Al respecto, subrayó que a todos los damnificados por la violencia «les une el daño injustamente sufrido», aunque les diferencia «la causa de la victimación y su significado político, que tiene que ver con el objetivo de los victimarios»: «En el caso de ETA, su objetivo era imponer un proyecto totalitario y excluyente -destacó-. Y en el de los abusos policiales, acelerar el fin del terrorismo por medios ilícitos».
Más acuerdos
Por otro lado, Josu Erkoreka anunció que en la reunión del pasado lunes con el Gobierno central también se llegó a un acuerdo para que no se haga efectivo ante el alto tribunal el recurso contra los Presupuestos vascos impulsado por el PP. De esta forma, la administración autonómica podrá subir el sueldo a sus 7.000 funcionarios «con plena seguridad jurídica» un 1,5% con efectos retroactivos al 1 de enero y un 0,25% adicional entre julio y diciembre. El pacto también permitirá incrementar las aportaciones al fondo de pensiones Itzarri hasta el 1% a finales de año y garantizar el cobro del 100% del salario desde el primer día de baja.
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