Covite acusa al Gobierno vasco de promover un «falso empate» entre víctimas de ETA y torturados

El colectivo critica que el PNV se dedique a «apuntalar la teoría del conflicto»

Adrián Mateos

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El estudio sobre las torturas policiales que encargó el Gobierno vasco la pasada legislatura ha generado reacciones variopintas. Si bien EH Bildu y Podemos han avalado dicho informe, PSE y PP consideran que los resultados que se extraen del mismo no hacen más que alentar la teoría de que las más de cuatro décadas de terrorismo etarra se enmarcan dentro de un conflicto político con el Estado. A estos últimos se ha unido hoy el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) , que ha acusado al Ejecutivo autonómico de promover un «falso empate» entre los que padecieron la violencia de los terroristas y los supuestos malos tratos de las Fuerzas de Seguridad.

A través de un comunicado, la institución presidida por Consuelo Ordóñez ha censurado que el gabinete de Íñigo Urkullu se dedique a «apuntalar la teoría del conflicto» . Muestra de ello es su beneplácito a la intervención de un condenado por pertenecer a la banda terrorista en la ponencia de Memoria del Parlamento autonómico, en la que el susodicho, Unai González , participó en calidad de «víctima de la dispersión». Ahora, añade Covite, los nacionalistas han dado a la situación «una nueva vuelta de tuerca» para «retorcer la realidad y ajustarla al relato de la tortura sistemática promovido históricamente por el entorno de ETA».

Por otra parte, el Colectivo ha criticado que el secretario de Derechos Humanos y Convivencia, Jonan Fernández, afirmara que el informe pretende «clarificar» las supuestas «vulneraciones de derechos humanos». Desde Covite consideran contradictorio que se trate de dar luz a este asunto utilizando «una metodología difusa basada casi en exclusiva en los testimonios de las supuestas víctimas». «Se trata de un desprecio al Estado de Derecho, ya que se pasa de puntillas por el hecho de que apenas existe una veintena de sentencias firmes por este tipo de delitos», señalan. Por todo ello, el colectivo ha pedido a los partidos políticos participantes en la Ponencia de Memoria del Parlamento vasco que no den por buenas las conclusiones del informe, ya que «analizada la metodología utilizada, carecen de credibilidad».

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