El PNV advierte de que exigirán la transferencia de competencias «con Presupuestos o sin ellos»

El portavoz del Gobierno vasco insiste en que no se trata «de un capricho»

Josu Erkoreka
Adrián Mateos

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El acuerdo financiero alcanzado ayer por PNV y PP no apaciguará las pretensiones de los nacionalistas en materia competencial. Son 37 las carteras que el Gobierno vasco exige al Estado, las cuales estarán «sobre la mesa con Presupuestos o sin ellos ». Así lo ha advertido el portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, que este miércoles ha hecho hincapié en que dicha reivindicación se encuentra al margen de la negociación de las Cuentas: «Corresponde al juego entre partidos políticos », ha alegado en declaraciones a Radio Euskadi.

Entre las competencias que el Gobierno de PNV y PSE reclama al gabinete de Mariano Rajoy se encuentran la gestión de la Seguridad Social y de las prisiones. Dos materias que los nacionalistas requieren «por responsabilidad» y a las que el lendakari, Iñigo Urkullu , hizo alusión en la carta que envió personalmente al presidente del Ejecutivo central: «No se trata de un capricho o de una cuestión puntual –ha subrayado Erkoreka–, sino de una reclamación que hace suya el Parlamento vasco de manera inmensamente mayoritaria».

De hecho, Erkoreka ha subrayado que el propio Urkullu planteó a los dirigentes populares «las cuestiones que considera relevantes para la política vasca », entre las que se encuentran las «transferencias pendientes», durante los viajes que realizó a La Moncloa la pasada legislatura.

Contactos

En cualquier caso, el dirigente nacionalista ha informado de que los contactos mantenidos con los populares respecto al ámbito competencial «se circunscriben a una breve conversación de cinco minutos» que mantuvo la semana pasada con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría , con quien habló «exclusivamente» de los tramos de la red ferroviaria pendientes de traspasar.

En este sentido, ha alegado que Santamaría le llamó «al hilo de un acuerdo del Consejo de Gobierno» para requerir al Estado «formalmente por vía judicial» que materializaran dichas transferencias.

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