Los 17 asesinatos de ETA que los «papeles de Francia» podrían ayudar a esclarecer
La documentación facilitada por el país galo fue requisada a raíz del año 1998
Una vez liquidada ETA, las asociaciones de víctimas se centran en la salvaguarda del relato y el esclarecimiento de los crímenes sin autoría. La cifra exacta de atentados no resueltos varía en función de cada organización, pero todas coinciden en que todavía quedan más de 250. La colaboración de los terroristas sería determinante en el proceso de investigación, si bien los propios damnificados reconocen que no albergan «demasiadas esperanzas» al respecto. Una vía distinta se abrió en 2016, cuando el Gobierno francés entregó a España una importante cantidad de documentos y efectos sobre la banda terrorista que han hecho posible la reapertura de varios sumarios. Sin embargo, el alcance de dichos papeles es limitado, dado que «solo» permitirían hallar a los culpables de 17 asesinatos .
La razón de este hecho radica en que los llamados «papeles de Francia» fueron requisados a raíz de 1998. Tal vez incluso de 1999, puntualizó a ABC el fiscal de la Audiencia Nacional Marcelo Azcárraga , quien el pasado junio fue designado coordinador de la investigación de crímenes sin resolver de ETA: «La fecha de incautación no tiene que ver con la fecha del documento, pero muy probablemente no se encuentre documentación anterior », precisó. Según los datos que maneja Carmen Ladrón de Guevara , abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), partiendo de esa fecha existen 11 atentados no resueltos que provocaron un total de 17 muertes.
Entre ellas, la del magistrado de la Sala Quinta de los Militar del Tribunal Supremo José Francisco Querol, que en octubre del año 2000 fue víctima de un atentado con coche bomba en Madrid en el que también murieron su escolta, Jesús Escudero; y su chófer, Armando Medina. En el mismo ataque resultó herido de gravedad el conductor de autobús Jesús Sánchez Martínez, que falleció días después en el hospital Ramón y Cajal. Tampoco se conoce la identidad de los asesinos de los agentes de la Policía Nacional Bonifacio Martín Hernando y Julián Embid Luna, objetivos de una bomba lapa en la localidad navarra de Sangüesa en 2003; o la del cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro, muerto en Berástegui (Guipúzcoa) en 2002.
En el plano político, los «papeles de Francia» podrían arrojar luz sobre el asesinato de Froilán Elespe, concejal del PSE en el municipio guipuzcoano de Lasarte-Oria, que en 2001 recibió un disparo en la cabeza cuando tomaba un aperitivo en un bar; o el del edil del PP de Durango (Vizcaya) Jesús María Pedrosa, muerto a escasos metros de su domicilio en el año 2000. Según precisó la abogada de la AVT, todos los sumarios susceptibles de ser resueltos por la documentación incautada a la banda terrorista ya han sido reabiertos excepto uno, el del concejal popular de Rentería (Guipúzcoa) Manuel Zamarreño.
De hecho, en julio se reabrió el del asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado, fallecido en el año 2000 a causa de una bomba lapa adosada en los bajos de su coche. Según informó El Diario Vasco, los agentes lograron descifrar un manuscrito de la banda que permitió incriminar al que fuera jefe del «Comando Donosti» José Ignacio Guridi Lasa. Se da la circunstancia de que en este caso, al igual que en otros mencionados, ya se había detenido a los cómplices del atentado . Se trata de Zigor Bravo Sáez de Urabain y Juan Carlos Subijana, condenados a 28 años de cárcel por facilitar información a ETA sobre Casado.
Cientos de crímenes sin culpables
El optimismo de las asociaciones de damnificados respecto a los documentos incautados a ETA es moderado, puesto que, aunque se lograra desvelar la identidad de los autores materiales de crímenes posteriores al año 1998, todavía quedarían cerca de tres centenares de atentados sin resolver . En todo caso, la cifra total de asesinatos sin responsables cambia a tenor de la metodología que emplee quien la ofrezca. Instituciones como Dignidad y Justicia (DyJ) hablan de 379 casos, mientras que los servicios jurídicos de la AVT establecen que hay 252 personas asesinadas en el País Vasco cuyos verdugos no han sido condenados. Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional establece que en la actualidad se desconoce quiénes acabaron con la vida de 297 personas. Es decir, una de cada tres víctimas mortales de la organización terrorista.
Con todo, la Justicia española no ha detenido su maquinaria. Desde el año 2012, la Audiencia Nacional ha dictado 29 sentencias por asesinatos perpetrados por ETA , que anunció el fin de su actividad armada en 2011. Dichos veredictos se corresponden a 26 atentados en los que hubo 35 víctimas mortales. Los últimos casos resueltos fueron los del empresario Ignacio Uría, cuya muerte se atribuye a los etarras Joanes Larretxea y Beñat Aginagalde; y el del inspector de la Policía Nacional Eduardo Puelles, objetivo de Daniel Pastor, Beatriz Etxebarria e Íñigo Zapirain. Recientemente, el etarra Kepa Pikabea confesó haber acabado con la vida del estanquero Carlos García en 1980.
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