Los taxis se «uberizan»: tendrán precio cerrado y pago compartido

Las asociaciones del sector, divididas ante el nuevo Reglamento: unas creen que ayuda a competir; otras lo llevarán a los tribunales

Un taxi, parado en una calle de Madrid MAYA BALANYÀ

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El taxi de Madrid ya tiene nuevo Reglamento regional : el Consejo de Gobierno de la Comunidad –el último presidido por Ángel Garrido, que presentará su dimisión el día 11 para incorporarse a la lista de las elecciones europeas– ha aprobado esta nueva norma, que deberá ser el marco para las regulaciones municipales posteriores. El texto incluye alegaciones planteadas por las asociaciones del sector, y supone una modernización del servicio que lo acerca a las prestaciones que dan otros modelos como Uber y Cabify: podrán tener precio cerrado desde el inicio de la carrera, y habrá viajes compartidos que se abonen de forma individual por cada cliente.

Además, se incluyen nuevas causas de extinción de las licencias municipales, entre ellos se castigará a quienes arrienden o cedan su licencia a empresas para explotarla . Y permite que los ayuntamientos establezcan planes de amortización de las mismas.

Es, en palabras del máximo responsable regional, una fórmula para que el taxi sea más competitivo. Y prometió que en breve se iniciará una campaña institucional para promover el uso de este transporte en Madrid .

La medida, anunciada ya durante el conflicto que vivió este sector a finales de enero, se materializa ahora, y ha sido acogida por el sector con diferencias claras de criterio.

Desde la Federación de Taxistas de Madrid (Fedetaxi) consideran positivo el nuevo reglamento, ya que están de acuerdo en que les permitirá competir con los 7.269 vehículos VTC que circulan por Madrid. Reconocen que su texto es «fruto del trabajo conjunto del sector con la Dirección General de Transportes de la Comunidad», pero le critican que es «mejorable» y que llega «con retraso».

Por su parte, la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) anunció ayer, por boca de su presidente, Julio Sanz, que llevará a los tribunales el decreto del taxi porque cree que «pone en peligro a los autónomos del sector». Acusa además al Gobierno regional de «falta de transparencia» a la hora de aprobar el reglamento.

El sector del taxi genera anualmente en la región 1.000 millones de euros, y de él dependen alrededor de 100.000 personas.

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