Adquisición bajo sospecha
Sabanés ignoró las recomendaciones del interventor en la compra de Bicimad
Dos meses después de que la edil firmara el contrato con Bonopark, la intervención delegada detectó falta de información para justificar el pago
Ahora Madrid trata de poner palos en las ruedas a la comisión de investigación de Bicimad con la ocultación de información. Pero poco a poco, desde que ABC destapó las presuntas irregularidades en el proceso de compra en noviembre del año pasado, se van conociendo más detalles que emborronan la gestión del equipo de Manuela Carmena. Concretamente el del Área de Medio Ambiente y Movilidad que dirige Inés Sabanés y la empresa pública de la que es presidenta, la EMT.
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ABC ha accedido la nota interna que envió la Intervención Delegada de su concejalía al servicio de contratación el 18 de julio de 2016, justo dos meses después de que Sabanés suscribiera el contrato de transferencia de Bicimad con Bonopark . En ese contrato se pactaban los 10,5 millones de euros que se entregarían a la empresa privada para asumir el servicio. El responsable de la Intervención del área, Ángel Calonge, advertía entonces de la ausencia de diversa documentación para asumir el servicio, entre ella, la valoración del precio. A día de hoy, el Ayuntamiento que gobierna Ahora Madrid reconoce que dicho informe requerido no existe.
La denuncia de ABC
Este diario denunció el 20 de noviembre de 2017 que Sabanés adquirió Bicimad sin contar con informes oficiales que validasen el valor que pagó por un servicio que supuestamente presentaba pérdidas mensuales de 300.000 euros. Esta nota interna del interventor es la constatación de que el Consistorio dio un cheque en blanco a la empresa navarra para hacerse con el control de Bicimad.
La Intervención Delegada argumentaba que la propuesta de cesión suponía una «municipalización de hecho» y que esta circunstancia requería un tratamiento distinto y dependería de un órgano de aprobación diferente. «A este respeto deberá informar a la Asesoría Jurídica Municipal». Se ignoró. Dicho documento no existe.
Sobre el precio de la cesión estimada en 10,5 millones «más el IVA correspondiente», decía Calonge, «se deberá justificar debidamente este importe en el expediente». Además, el interventor destacaba la ausencia de personal por parte de la Corporación para el servicio, «con los efectos que tendrían consigo». «A estos efectos, deberá informar a la Oficina Pública-Privada». Otro paso que se omitió y cuya información tampoco existe.
Detalla el funcionario dependiente del área de Sabanés que en el expediente no se encuentran «las razones por las que la empresa Bonopark decide ceder el negocio» atendiendo al pliego de cláusulas administrativas. Sobre la solvencia se pide aclaración y sobre los proveedores se apunta a que, pese a que se asegura que todos aceptan la cesión, «no consta esa aceptación en el expediente».
El expediente se archiva
Desde el departamento de Sabanés se explica que cuando se firma el contrato entre Bonopark y EMT, la sociedad privada solicita autorización del Ayuntamiento para la cesión, «como debe hacer». «En ese momento, en el Área de Medio Ambiente y Movilidad se estudia la legalidad de la operación, pero dada la excepcionalidad de que la cesionaria sea una empresa municipal, y ante la posibilidad de que surjan dudas al respecto, se remite el expediente a la Intervención Delegada para su informe», explican. Argumentan que el expediente de Calonge «caduca y se tiene que archivar» –se desconoce que los expedientes municipales tengan fecha de caducidad–.
Inician un nuevo expediente
Después del aviso del interventor que se desoye, la empresa Bonopark vuelve a solicitar la autorización de la cesión del contrato al Ayuntamiento y se inicia un nuevo expediente, «en el que se incorpora todo lo necesario según la ley de contratos».
Según la normativa municipal se requiere la emisión de un informe por parte de la Dirección General de Economía y Sector Público «desde una perspectiva económico-presupuestaria y mercantil, con carácter preceptivo y previo a la tramitación» con «contratos que conlleven gastos para la sociedad municipal por un importe superior a 500.000 euros». La versión municipal recoge que la EMT no necesitaba elevar dicho informe «porque actuaba como órgano de contratación y no como contratista». «Si compra autobuses por más de 500.000 euros sí lo necesita, pero no en este caso». Se sirvieron exclusivamente del expediente de cesión, «en el que se acreditan los requisitos de solvencia» y se cerró con un informe de intervención avalando la operación.
Irresponsabilidad
A juicio del concejal de Ciudadanos Sergio Brabezo , portavoz de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento, «cada vez son más evidentes las pruebas de que se ha adquirido Bicimad sin saber qué precio tenía». El edil tacha de «irresponsabilidad jugar con el dinero de los madrileños», «adquiriendo empresas sin saber lo que valen y sin ofrecer la documentación que le solicitan los órganos de control municipales. «Se han saltado los pasos esenciales para dar seguridad jurídica a todo el proceso. Ahora Madrid se cree que las instituciones son suyas», sentencia.
