Dos procesos judiciales aún pueden anular la venta de 5.000 viviendas a «fondos buitre»
La Justicia ya anuló en mayo la operación de la Comunidad de Madrid, pendiente de sentencia firme; la Audiencia Nacional reabrió el caso del Ayuntamiento hace un año
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , anunció ayer que la Abogacía General del Estado se personará como acusación particular en los dos procesos judiciales abiertos para anular la venta de 5.000 viviendas de alquiler social a fondos de inversión. Se trata de las operaciones que llevaron a cabo los gobiernos del Partido Popular en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en los años 2012 y 2013, respectivamente. Hay dos causas abiertas, pendientes de sentencia firme, que podrían anular estas ventas.
La alcaldesa Ana Botella liquidó a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) 1.860 viviendas a Fidere , filial de Blackstone, por 128 millones de euros ; la Comunidad de Madrid hizo lo mismo con 2.935 casas , adquiridas por la empresa Azora, filial de Encasa Cibeles, por 201 millones de euros que costeó Goldman Sachs; Ignacio González , que será juzgado por estar acusado de diez delitos de corrupción en el marco de la operación Lezo, fue el que ejecutó la venta a través del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). Sendas administraciones realizaron la transacción con inquilinos en el interior de las casas. Cerca de 100.000 familias se han visto perjudicadas. Más de un centenar ya han sido desahuciadas.
Tanto la delegada de Equidad y Vivienda, Marta Higueras , como el letrado que representa a la Asociación deAfectados Ivima –que incluye a los de la EMVS)– calificaron el gesto del presidente de «positivo». Para la número dos de Carmena «llega tarde» porque, a su juicio, los pisos del Ayuntamiento no se van a poder recuperar por un dictamen que emitió el Gobierno regional para revertir la venta. Sin embargo, el abogado de la plataforma, Mariano Benito de Lugo , explica que es posible anular todas.
Los procesos
Por un lado, la causa de la Comunidad de Madrid se inclina a favor de los perjudicados después de que el pasado mes de mayo el Juzgado contencioso 29 de la capital diera la razón a uno de los arrendados. La justicia anulaba así la venta de las 3.000 casas del Ivima , un fallo que recurrió el Gobierno regional, ya con Ángel Garrido como presidente. Para éste, el anuncio de Sánchez es una «cortina de humo» que se suma a «la del Valle de los Caídos» y otras tantas para desviar la atención después de «tener que cesar a dos ministros en cien días».
La EMVS consiguió reabrir su caso en la Audiencia Provincial hace un año. El Juzgado de Instrucción 38 investiga la querella de los afectados, donde solicitan la devolución de sus pisos, así como responsabilidades penales para los que lideraron la operación. En paralelo, próximamente se va a celebrar un juicio de cuentas, con la EMVSy la Fiscalía como acusaciones, en el Tribunal de Cuentas.
Noticias relacionadas
