Ofrecen una alternativa a Carmena y Cifuentes para sacar 300.000 coches de Madrid: el teletrabajo

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quiere prohibir la circulación de los vehículos diésel en la ciudad de cara a 2020, una iniciativa emprendida por su homóloga francesa, Anne Hidalgo, y que el grupo municipal socialista también llevaba en su programa electoral. Un reciente estudio elaborado por la Fundación MásFamilia, una organización privada, independiente, sin ánimo de lucro y de carácter benéfico que vela por la calidad de vida y el apoyo a las familias, ofrece una alternativa menos radical y más saludable que la planteada por el gobierno de Ahora Madrid para reducir el tráfico y la contaminación en la ciudad: el teletrabajo.

Con prácticas de trabajo desde casa y flexibilidad horaria se podrían retirar en torno a 300.000 coches diarios (324.677 según estimaciones) del tráfico madrileño.

El estudio ha llevado a cabo con 30 empresas, centrándose en la contabilización de las prácticas de teletrabajo y de flexibilidad de entrada y de salida superior a dos horas. La investigación concluye que un 58,4% de los trabajadores de estas compañías quedan fuera del atasco. Concretamente, de los 45.430 trabajadores, un 21,3% (9.762 personas) realizan prácticas de teletrabajo y un 37,1% (17.070) de flexibilidad superior a dos horas.

Según Fundación Másfamilia, «no hay ninguna imposibilidad en la actualidad que impida proyectar este dato de empresas al resto de empresas de servicios de la Comunidad de Madrid, así como sus consecuencias positivas al mejorar los atascos madrileños en días clave».

Instan a las administraciones a promoverlo

Arguyen desde esta entidad que si ese 58,4% se extrapola al conjunto de las empresas y trabajadores de la Comunidad de Madrid «se alcanzaría la cifra de 793.656 de colaboradores potenciales y usuario de medidas de conciliación». «Esto supondría -añaden- poder retirar del tráfico los mencionados 324.677 vehículos privados diarios».

Instan desde Fundación Másfamilia a que las administraciones públicas promuevan la conciliación laboral y familiar a través de acceso preferente mediante subvención y crédito o del Impuesto de Sociedades, IAE y Seguridad Social, entre otras fórmulas.