Los indicios del juez de la Púnica contra Daniel Ortiz

En un escrito de 74 páginas, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco explicó los indicios recopilados contra el exdiputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid Daniel Ortiz por su relación con la trama Púnica, una red corrupta local y regional. El magistrado instructor alcanzó la conclusión de que Ortiz favoreció a una empresa de la trama burlando la ley, cuando era alcalde de Móstoles, a cambio de unas mordidas por 746.000 euros.

Velasco sospecha que Ortiz influyó desde su puesto de regidor para que el ayuntamiento de Móstoles adjudicara a la empresa energética Cofely (una de las más implicadas en la trama corrupta) un contrato de servicios energéticos de 73 millones de euros en mayo de 2014.

La trama Púnica consiguió eliminar de la carrera por dicho cotnrato a la empresa favorita, Fulton, para cumplir un supuesto pacto entre el ayuntamiento y Cofely. Esta firma energética elaboró un informe que desvelaba errores que descalificaban a Fulton y que fue decisivo para negarle el contrato y otorgárselo a Cofely. El informe, cuyas conclusiones coinciden con las razones por la que Móstoles expulsó a Fulton, se elaboró con documentos confidenciales del expediente de contratación, con lo que salieron del propio Consistorio.

El juez otorga a Ortiz un gran papel en esta irregularidad. Velasco asegura que el exdiputado del PP «participó activamente» en todas las fases para otorgar este contrato cuando no tenía potestad para ello. Sus intermediarios en la operación, los que actuaron por él según el juez, fueron los hermanos Utrilla, también imputados: Mario y Alejandro, exdiputado regional y exconcejal de Móstoles.

El juez, que pidió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que imputara al político madrileño, consideró que su conducta sería constitutiva de los delitos de fraude contra la administración pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos e informaciones y cohecho.

Las mordidas de 746.000 euros que se pagaron a cambio fueron cubiertas con el propio presupuesto público previsto para la adjudicación, cargados al Ayuntamiento de Móstoles mediante conceptos ficticios. Estas mordidas, que Ortiz repartió con otras autoridades del municipio, perjudicaron así a las cuentas públicas, al servicio municipal y a la competencia, explicó el juez.