El director de la Policía de Carmena reabre decenas de casos archivados por Asuntos Internos

El mal ambiente que se vive en la Policía Municipal de Madrid con la cúpula de Seguridad del Ayuntamiento ha llegado a su nivel máximo con la situación que se vive desde hace unos meses en la unidad de Asuntos Internos (AA. II.). Según denuncian, el Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM), el principal sindicato del Cuerpo, y la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), el director general, Andrés Serrano, ha ordenado que se incoen expedientes contra agentes que ya habían sido propuestos para archivo por parte de Asuntos Internos. Es decir, sobre los que, tras la denuncia e investigación de los hechos en cuestión, no se apreciaba ningún tipo de irregularidad. No se trata de uno ni dos casos.

Se habla de entre 30 y 40.

Un ciudadano o un agente denuncia a otro por una supuesta práctica ilegal en el ejercicio de sus atribuciones como policía municipal. Estos casos recalan siempre en AA. II., departamento que se encarga de investigar el asunto y determinar, en un informe, si hay visos de irregularidad. La unidad está dirigida por Sergio García, uno de los oficiales de reciente ascenso. En caso de que se aprecie alguna anomalía en lo denunciado, se comunica a Gestión Disciplinaria, que, a diferencia de AA. II., está compuesta por técnicos, no miembros del Cuerpo. Emilio de Castro es el jefe de servicio, una persona muy cercana a Serrano. Son los encargados de determinar la sanción correspondiente, siempre bajo la tutela del director general de la Policía Municipal.

Pues bien, el «modus operandi» de la mano derecha del concejal, Javier Barbero (que mantiene un enfrentamiento incesante con sus agentes desde que llegó al cargo hace dos años), hace oídos sordos de lo concluido en el informe y ordena a Gestión Disciplinaria la incoación del expediente disciplinario, sin necesidad, además, de argumentar este cambio de timón. Y, además, «haciendo caso omiso y ninguneando a AA. II.».

También hay episodios a los que en un principio se calificó como falta leve (en las que AA. II. sí que tiene potestad para abrir o cerrar expediente), pero como éstas prescriben al mes (tiempo que ha podido transcurrir desde el inicio de la investigación al dictamen), Serrano ordena que se incoen como graves (dos años de prescripción) o muy graves (tres años). Estas últimas pueden conllevar incluso la expulsión del Cuerpo.

Pero es que incluso hay algún tema reciente que fue archivado en dos ocasiones, siendo el segundo de ellos definitivo y firmado por el propio director general; pero este mismo ordenó su reapertura apenas diez días después. ABC tiene en su poder algunos de esos documentos.

Escrache a Barbero

Entre esas decenas de casos se encuentran también los de los seis agentes expedientados por el escrache al concejal Barbero durante una manifestación sindical en la plaza de la Villa. A cada uno se le incoaron dos graves (por insultos a la autoridad y por no salvaguardar su seguridad); sin embargo, a dos de los policías se les ha retirado uno de ellos pero no el otro, lo cual tachan los sindicatos de «ilógico». «Incluso en las imágenes captadas aquel día, se ve perfectamente que los investigados no están haciendo nada malo, pero Serrano insiste en seguir adelante contra ellos», dice CPPM.

«Además, está intentando obligar a que los policías municipales notifiquen todas las denuncias de tráfico al conductor en cuestión, lo que es imposible. Hay casos de expedientes abiertos por cosas como esa», añade el sindicato. También, añaden, de agentes a los que se acusa de abandono del puesto de trabajo (falta grave), cuando realmente han llegado tarde (leve).

Tanto CPPM como APMU insisten en que se trata de un claro ejemplo «de mala praxis» por parte del director general de la Policía Municipal. La asociación profesional añade que, en caso de que se compruebe alguna ilegalidad, lo llevará a los tribunales: «Que recuerde Serrano que el anterior director general de Seguridad, Julián Paraíso y el exjefe de Gestión Disciplinaria, Pablo Escudero, están en los tribunales por prevaricación por, presuntamente, no tramitar siete sanciones a un mando, y que el litigio sigue su curso en fase de instrucción».

Insisten ambas representaciones de los agentes madrileños que este tipo de prácticas «lo único que hacen es enturbiar el trabajo de los afectados y dañar sus posibles ascensos y sus carreras». «Lo que ocurre es que, como no han podido sacar adelante el asunto de los jurados vecinales y gestores de barrio, ahora actúan así contra los agentes», sentencia CPPM.

Desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid indican sobre la polémica que «Asuntos Internos depende de la Dirección General de la Policía y no tiene ninguna capacidad para abrir ni trabajar expedientes, según la Ley de Régimen Disciplinario». Añaden que Gestión Disciplinaria «también depende del director general y está compuesta por juristas, mientras que lo que hace AA. II. es elevar un informe y pasárselo a Andrés Serrano, que es quien decide si se abre expediente como leve, grave o muy grave».

Insisten estas fuentes oficiales en que el asunto «es competencia del director general, que cuando lee el informe tiene la obligación de verlo con Gestión Disciplinaria, que son quienes pueden archivar o abrir expedientes; los juristas son los que dan garantías». «No hay ninguna parte del procedimiento que sea ilegal, ilegítima o arbitraria», concluyen.