VALERIO MERINO

La Delegación del Gobierno prohíbe la «marea de tricornios» convocada en Madrid

El instituto armado es de naturaleza militar, por lo que sus agentes «no pueden ejercer el derecho de sindicación»

Madrid Actualizado: Guardar
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La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la «marea de tricornios» convocada para el próximo día 14 de noviembre en la capital por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, para reivindicar mejoras en los derechos y condiciones laborales de los agentes.

Según la resolución de la Delegación del Gobierno, a la que ha tenido acceso Efe, la Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar, por lo que sus agentes, «al igual que el resto de militares, no pueden ejercer el derecho de sindicación», aunque sí pueden constituirse en asociaciones.

Y añade que la AUGC ha empleado «motivos de clara naturaleza sindical y política», como son la acusación de remilitarización de la Guardia Civil o su falta de democratización, «quebrando así el principio de neutralidad que debe regir el funcionamiento del Instituto Armado».

Consideran que se les está «negando al mismo tiempo derechos fundamentales recogidos en la Constitución para todos los ciudadanos»

La Delegación del Gobierno cree que esos objetivos perseguidos por la AUGC «desbordan claramente los límites legales establecidos para las asociaciones profesionales de guardias civiles», por lo que no ha autorizado la manifestación.

Por su parte, los convocantes han anunciado que recurrirán la decisión porque, según dicen, se les está «negando al mismo tiempo derechos fundamentales recogidos en la Constitución para todos los ciudadanos». Como ha dicho a Efe el portavoz de la AUGC, Juan Fernández, seguirán adelante con la «marea de tricornios» porque creen que salir a la calle es la única opción que les queda.

Tampoco se permitió en 2010

En 2010, la Delegación también prohibió una manifestación de guardias civiles para exigir que su jornada laboral se equiparase a la de la Policía Nacional, pero finalmente la marcha pudo celebrarse después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocara esa decisión.

Meses después, el PSOE y el PP se pusieron de acuerdo en un cambio legal para prohibir el derecho de manifestación de los guardias civiles en igualdad de condiciones que los miembros de las Fuerzas Armadas. Se modificó de ese modo la legislación anterior, aprobada en 2007 y que tan solo prohibía a los agentes organizar o asistir a manifestaciones de carácter «político o sindical».

Para resolver la solicitud de manifestación presentada por AUGC, que partiría de la plaza García Moreno hasta la calle de Guzmán el Bueno, sede central de la Guardia Civil, la Delegación ha examinado las comunicaciones, comunicados y publicaciones de la asociación para difundir la celebración del acto.

Ha contado asimismo con los informes emitidos por la Abogacía del Estado, la Dirección General de la Guardia Civil y la Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior. En un comunicado, la AUGC entiende que se vuelve a tratar a los agentes «como españoles de segunda, evidenciando otra vez la discriminación» de que son objeto, «no sólo en relación con la ciudadanía en general, sino con el resto de policías que operan en España».

Recorte en vacaciones, carencia de turnos de trabajo, menos retribuciones y aplicación a los guardias del Código Penal Militar son algunas de las cuestiones que la AUGC quiere denunciar en esa «marea».

Su portavoz ha negado que la convocatoria tenga carácter de conflicto colectivo, como dice la Delegación, porque al no ser un sindicato no pueden plantearlo, y ha dicho a Efe que en ese acto se respetarán las limitaciones legales que se les aplica a los agentes.

«No hay pactos ni tratos con sindicatos ni partidos, ni lema ni reivindicación», ha enfatizado Fernández, quien ha asegurado que seguirán adelante con la convocatoria porque, además, tiene un amplio respaldo. Tanto es así, ha explicado, que el manifiesto que ayer hizo público la AUGC «en apoyo de los derechos fundamentales y profesionales de los guardias civiles» tras «casi 40 años de olvido», ha sido firmado ya por 4.000 personas.

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