Cuatro nuevas sentencias judiciales ponen contra las cuerdas a los «foto-rojos» de Carmena

El sistema de semáforos «foto-rojo», que multan a todos aquellos conductores que los rebasen en rojo con 200 euros y la detracción de 4 puntos del carné de conducir, ha vuelto a sufrir un nuevo revés en Madrid, donde representan una importante fuente de ingresos para el Ayuntamiento de Manuela Carmena. Recientemente, hasta cuatro jueces han revocado otras cuatro multas por considerar que no había indicios suficientes para sancionar.

Concretamente, tres sentencias anulan las sanciones impuestas por el Ayuntamiento y devuelven los puntos que habían sido retirados porque «estiman infringido el principio constitucional de presunción de inocencia», ya que las fotografías obtenidas por los semáforos «foto-rojo» dan lugar «a dudas» sobre si la infracción se ha cometido realmente o no, según ha confirmado Automovilistas Europeos Asociados (AEA) a este diario.

Estos tres casos se corresponden con tres conductores que presuntamente habrían rebasado, en fase roja, los semáforos situados en el Paseo de la Castellana a la altura de los números 105 y 167; además de otro en el cruce de la calle de O'Donnell con Doctor Esquerdo.

Nuevo precedente

El cuarto caso, notificado el día 20 de enero, sienta, en opinión del presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, un nuevo precedente. Esto se debe a que el Juzgado de lo Contencioso Adminsitrativo número 25 de Madrid resuelve que «no es suficiente con que la matrícula se haga constar en un recuadro de la fotografía pese a que no pueda ver la parte trasera del vehículo más que como una mancha borrosa». «Esta sentencia anula todas las demás», sostiene Arnaldo después de conocer la sentencia, que también especifica que «al no poderse leer en la fotografía captada la matrícula del vehículo, surge la duda de si se cometió la infracción».

De esta forma se pone en duda la viabilidad de un sistema sancionador que, en los primeros diez meses de 2016 le supuso al Ayuntamiento unos ingresos de 8.295.800 euros, casi el doble que el importe recaudado en esta misma materia en todo el año 2015: 4.389.800 euros, según los datos ofrecidos por AEA.

«No sé por qué el Ayuntamiento no anula ya este sistema», sugiere Arnaldo, quien considera que «todas las multas son ilegales» e insta al Consistorio a poner en marcha otra forma de ocntrolar la velocidad en determinados tramos «que ofrezca garantías».