Carmena reserva 90 viviendas para compartir entre refugiados

E1 Ayuntamiento que lidera Manuela Carmena prevé una reserva de 973 plazas en dependencias municipales y asociadas para aquellos refugiados que lo necesiten en 2019. El pasado 15 de junio, Madrid había recibido 911 inmigrantes en situación de asilo y refugio, la mayoría procedentes de Venezuela y, en segunda posición, Colombia –los sirios ocupan el quinto puesto–. Ante el incremento de peticiones de auxilio con la crisis migratoria, según detallan desde el Área de Marta Higueras, Equidad, Derechos Sociales y Empleo, la Corporación quiere estar prevenida ante una llegada masiva de personas .

Como el Ejecutivo municipal aún no ha podido resolver el escollo administrativo del Palacio Valdés de Tres Cantos para dar cobijo a más inmigrantes –no permite este uso la cesión del espacio–, la Administración madrileña pone sobre la mesa sus recursos disponibles para dar respuesta a este colectivo vulnerable.

Tal y como se informó ayer mediante nota de prensa, el Ayuntamiento dispondrá de 973 plazas: 608 en alojamientos colectivos temporales (en Carabanchel y Vallecas) y 365 plazas en 90 viviendas. 50 de los pisos donde vivirán familias o hasta tres y cuatro personas de una misma nacionalidad pertenecen a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS); son casas estipuladas por convenio con el Gobierno de la Nación para dicho uso. Se han sumado nueve viviendas respecto a este ejercicio. Las otras 40 pertenecen a diferentes entidades sociales y cuentan con subvención directa del Palacio de Cibeles –no pudieron especificar las cuantías–.

Desde la concejalía que representa la número dos de Carmena explicaron que puede que estas plazas no lleguen a utilizarse, pero el Ayuntamiento teme que haya una nueva oleada de migrantes con necesidad de asilo y que, como ya ocurrió en enero pasado, Madrid tenga que responder a esta emergencia social –pese a que las competencias son estatales– en paralelo a su responsabilidad de atender a los «sin techo» en campaña de frío. «El Ayuntamiento tuvo que intervenir porque el Ministerio, entonces dirigido por el PP, no daba asistencia a los refugiados, que tenían que esperar hasta ocho meses para recibir la tarjeta roja [autorización de protección internacional]», informan desde Equidad.

El año pasado, en julio, cerca de 80 refugiados sirios tuvieron que ser trasladados a dos hoteles de Guadalajara que acamparon en un parque cercano a la mezquita de la M-30. Según detallan desde el Ayuntamiento, contaban con tarjeta roja, pero decidieron instalarse ahí. Una treintena de ellos eran menores. El Ayuntamiento dispuso al Samur Social para atender a los integrantes de ese campamento espontáneo.