Avalmadrid: La amenaza de Cs a Ayuso ahonda la bicefalia en la Comunidad

Tras sólo 15 días de cohabitación, se ensanchan las grietas entre los socios al abrir la puerta a que la presidenta comparezca en la comisión

Vox ya ha anunciado que apoyará la creación de la comisión de investigación

Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado EFE/ Víctor Lerena

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Ciudadanos apoya que se cree una comisión para investigar Avalmadrid y sus presuntas irregularidades en relación con el crédito concedido a una empresa en la que participaba el padre de la presidenta Díaz Ayuso . A la formación naranja «no le temblará la mano en llamar a comparecer a nadie», decía ayer su portavoz parlamentario, César Zafra . Porque «no vamos a consentir ni un solo ápice de corrupción», afirmaba el vicepresidente Ignacio Aguado. En el PP el malestar se palpa, ante un gesto de su socio de Gobierno que les sitúa, en especial a la presidenta, en una incomodísima situación.

Tanto PP como Ciudadanos coinciden en sus afirmaciones públicas de lucha contra la corrupción. El ya tópico «tolerancia cero» de los populares es respondido en la formación naranja con un «seremos implacable». Y advierten: «Caiga quien caiga» . Entre los populares se interpreta como una amenaza, aunque tanto desde el Gobierno como desde el partido se ha optado por el silencio público en esta cuestión. Sólo la presidenta lo rompió el lunes en una entrevista, al asegurar que le daba «absolutamente igual» que se creara la comisión pero advertía a Cs que era «un traje a medida» de las izquierdas «para manchar» su honor . En este sentido, su vicepresidente Ignacio Aguado matizó que no toleraría «ni que haya corrupción ni que se monten circos en torno a nadie».

«Fin a una etapa oscura»

Aguado fue duro ante los medios cuando se le preguntó por Avalmadrid: «Hay que poner punto final a una etapa oscura . Es necesario poner en marcha una auditoria, un control o fiscalización para saber cuál es el estado de cosas a día de hoy, además de tomar la decisión de desvincularnos de Avalmadrid o cerrarlo, porque el Banco de España detectó 86 operaciones inadecuadas de esa empresa».

El hecho de ser socio de Gobierno y vicepresidente de Ayuso no le restó firmeza a la hora de mantener su posición de no admitir ningún investigado por corrupción en su Gobierno: «Se llame Garrido, Jiménez, Pérez o como se llame, dimitirán si son imputados».

Como ejemplo, informó que ayer, 24 horas después de ser imputado en la trama Púnica, fue cesado en el consejo de Gobierno el secretario general técnico de Sanidad, Francisco Lobo.

De hecho, el vicepresidente lo explicaba en su entrevista a ABC (25-VIII-2019): «Si cualquier miembro del gobierno resultara investigado formalmente por delitos de corrupción tendría que dimitir inmediatamente, incluida Ayuso».

No obstante, descartaba que su actitud estuviera provocando tensión con Díaz Ayuso, porque «apostar por la transparencia, porque la Comunidad de Madrid tenga paredes de cristal , nunca puede crear tensión entre socios de Gobierno».

El asesor de Ayuso

Sin embargo, que sus palabras y sus decisiones en torno a este tema están escociendo y cayendo como jarro de agua helada en el PP quedó claro tras el tuit que publicó Miguel Ángel Rodríguez, ex secretario de Comunicación en el Gobierno de Aznar y asesor de Díaz Ayuso durante su candidatura. «Al padre del señor Aguado le dieron un contrato de 102.000€ por la cara en la Asamblea de Madrid. Ya puestos, habrá que investigarlo todo, ¿no?», señalaba el colaborador de Díaz Ayuso en la red social Twitter.

Su comentario fue seguido de otros a favor y en contra, y rematados por él mismo al rato con un nuevo mensaje: «Me dicen periodistas que el partido Ciudadanos me llama «impresentable». Seguramente, tengan razón. Pero... ¿Y del contratito al padre del sr. Aguado, qué?».

En efecto, «impresentable» fue el adjetivo más utilizado en fuentes de Ciudadanos para referirse a Miguel Ángel Rodríguez y sus comentarios. «No es la primera vez que usa las redes sociales pasa difamar o realizar ataques machistas, como el realizado a Ines Arrimadas hace unos meses», recordaban.

Desde la formación naranja veían claro el objetivo de su crítica: desviar la atención sobre Díaz Ayuso y poner el foco en Aguado, cuya imagen intentarían manchar mencionando el contrato de su padre, que le fue adjudicado en el año 2011. Advertían, en todo caso, de que pese al ruido «no van a desviarnos de nuestro camino, que es evitar que la corrupción vuelva a campar a sus anchas en la Comunidad de Madrid. Caiga quien caiga y le pese a quien le pese», insistían.

Voluntaria

Desde la formación recibían con cierta sorpresa la evidente hostilidad del PP hacia su decisión de participar en la comisión sobre Avalmadrid. Insistían en que lo más inteligente sería que el propio PP accediera a participar de manera voluntaria en la misma, en lugar de enrocarse en negar las denuncias y no dar más explicaciones sobre las mismas.

La comisión de investigación sobre Avalmadrid fue solicitada formalmente ayer por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, que registró la petición en la Asamblea madrileña. En ella, se establece que el objeto de la misma será investigar «las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas» por Avalmadrid entre los años 2007 a 2018. Desde Vox ya han anunciado que apoyarán la creación de la comisión de investigación.

Recuerdan en el texto de la misma tanto las irregularidades detectadas y denunciadas por el Banco de España, como el hecho de que se habían dado avales a entidades con dificultades económicas o con vinculación entre el beneficiario del aval y miembros de los órganos de gobierno de Avalmadrid.

Además, se especifica que la comisión estará formada por 18 miembros, tres por cada grupo parlamentario, y no se descarta que se llame a comparecer a la presidenta, miembros del gobierno, altos cargos y funcionarios de la administración y sus empresa, y empleados del Banco de España que hayan intervenido en inspecciones y expedientes sancionadores a Avalmadrid.

La primera reunión constitutiva de la comisión habría de celebrarse este septiembre, y sus trabajos se prolongarían hasta diciembre de 2020, pudiendo prorrogarse posteriormente si se realiza una petición razonada y la Mesa así lo decide.

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