La alcaldesa de Getafe niega ante el juez que conociera los vertidos ilegales en el Manzanares

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández , ha negado esta mañana ante el juez tener cualquier conocimiento de los vertidos ilegales arrojados desde el municipio al río Manzanares , confirmados por la Guardia Civil durante los últimos 24 años. La regidora socialista y su edil de Urbanismo, Jorge Juan Rodríguez , han declarado en calidad de investigados en el Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad por un presunto delito contra el medio ambiente y la ordenación del territorio.

Si bien Hernández ha asegurado que no sabía nada de estas aguas fecales —vertidas desde el barrio de Perales del Río—hasta que el partido local Impulsa Getafe presentó la querella, la acusación ha presentado dos actas de Pleno que desmontan esta versión. Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, la alcaldesa del PSOE ha basado su defensa en que delegó las competencias en la concejalía de mantenimiento, responsable del arreglo de la depuradora que permitió la contaminación en el cauce. Las actas, de 2015 y 2017, revelan que la regidora no solo presidió la sesión en la que se hablaba explícitamente de esta problemática, sino que además intervino en el debate.

Rodríguez ha mantenido la misma línea y, además de la teoría de que desconocía el flujo de residuos, ha detallado ante el juez que él se limitaba a abonar las multas que la Confederación Hidrográfica del Tajo imponía por esta cuestión. El Consistorio, por tanto, ha sido consciente de este tema, con diferentes sanciones que oscilan entre los 3.000 y los 49.993,8 euros.

Como reveló ABC, un informe de la Fiscalía General del Estado, basado en las muestras recogidas por la unidad del Seprona de la Guardia Civil, concluye que Getafe ha contaminado el cauce desde 1995. El escrito señala las importantes afecciones para la flora y la fauna del entorno, ubicado en una zona protegida , pero sobre todo para la salud. Las aguas residuales, procedentes del barrio de Perales del Río, todavía no se han solucionado.

Ahora, el juez de Instrucción está recabando información para ahondar en el alcance de los vertidos y sus responsables. El fiscal, además, ha pedido documentación al Ayuntamiento de la localidad para dirimir la responsabilidad de Hernández en el vertido de estas aguas fecales sin tratar, pero también de sus predecesores en el cargo, Pedro Castro (PSOE) y Juan Soler (PP), por su posible implicación desde el año 2005. Este año marca el límite en el que los delitos habrían prescrito, de los cuales el grueso remiten a la gestión de Castro, que dirigió el municipio hasta 2011. Soler, por su parte, hizo lo propio entre 2011 y 2015.