DEUDA DEL ESTADO
La Xunta muestra la vía legal para que el Gobierno en funciones pague a Galicia los 700 millones
Un informe de la asesoría jurídica asegura que debe cumplir con la financiación autónomica aunque el Ejecutivo no esté constituido
La Xunta continúa con su ofensiva para que el Estado le abone los 700 millones adeudados de la financiación autonómica. El Gobierno gallego ha dado esta mañana a conocer un informe de la asesoría jurídica que asegura que el Gobierno central debe cumplir con los pagos con independencia de que se encuentre en funciones . El Ejecutivo de Pedro Sánchez se agarra a esta circunstancia para retrasar el ingreso de un dinero que la Xunta ve necesario para poder seguir prestando los servicios públicos.
«Llevamos meses escuchando que el Gobierno está en funciones, pero los servicios públicos no lo están», aseguró en rueda de prensa el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda recalcó que la principal conclusión de la asesoría jurídica es que «el sistema de financiación autonómica debe ser cumplido por el Gobierno estatal con independencia de que se atope o no en funciones». El documento enseña además posibles vías legales para que el Ejecutivo de Sánchez realice el pago . «Es posible mediante un decreto ley o una iniciativa legislativa ponerle remedio», aseveró Valeriano Martínez.
Hasta el momento, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apelado a otro informe de la Abogacía del Estado para justificar por qué no se realiza la transferencia. Según los letrados estatales, solo se podrían pagar los 700 millones en el momento en el que pudiera conformarse un nuevo Gobierno, pues en funciones no puede comprometer gasto para el Ejecutivo siguiente. Sin embargo, el vicepresidente de la Xunta aseguró esta mañana que no hay contradicción entre lo que dice la Abogacía del Estado y la Asesoría Jurídica de la Xunta. Rueda explicó que el Gobierno realizó una pregunta muy concreta a los letrados «sin intentar solucionar los problemas». Galicia ha encontrado maneras «alternativas» de autorizar los pagos que pasarían por la implicación del Parlamento . «Las Cortes están operativas, no en funciones», recalcó el titular de Facenda.
La deuda de 700 millones incluye 330 millones de las entregas a cuenta pendientes de la financiación autonómica, 200 millones de una mensualidad del IVA de 2017 y otros 170 millones de incentivos por cumplir las reglas de estabilidad financiera. El Gobierno gallego lleva ya un año reclamándolos y durante los últimos meses se han sumado numerosas comunidades autónomas a la petición.
El informe de la asesoría jurídica de la Xunta se centra en las posibles vías para que el Estado abone las entregas a cuenta. La Xunta incluyó los 330 millones de euros en sus presupuestos para este año en base a las previsiones de transferencia que le comunicó el Estado. Pero ante la falta de apoyos para que el Gobierno de Pedro Sánchez sacase adelante los presupuestos del Estado de 2019, el importe de las entregas a cuenta no se actualizó.
Los letrados autonómicos consideran que aunque los pagos «desbordan el ámbito del despacho ordinario de asuntos» que la legislación marca para el Gobierno en funciones, estarían justificados ya que c oncurren razones de «urgencia» y de «interés general» . Además, apuntan que el pago de la financiación pendiente no podría entenderse como el desarrollo «del programa político del Gobierno» , un punto vetado por la legislación para los Ejecutivos en funciones, dado que la ciudadanía ya ha expresado en las urnas su voluntad y las Cámaras ya están constituidas. En este caso, afirma el informe, se trata de «la necesaria adaptación formal de un presupuesto prorrogado a las exigencias del sistema de financiación autonómico» ya que las comunidades no pueden ejecutar sus cuentas. El instrumento legal para que el Estado pagase lo adeudado a la Comunidad sería, en opinión de la asesoría jurídica, el real decreto ley.
Reunión
El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez aprovechó la presentación del informe para volver a pedir a la Ministra de Hacienda que convoque cuanto antes el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Para el conselleiro, el problema debe abordarse de forma conjunta entre todas las autonomías para que todos puedan poner en común las posibles soluciones . «No entendemos lo que tiene que pasar para que el Gobierno nos escuche a todas las comunidades autónomas», subrayó. Martínez afeó también el encuentro bilateral mantenido entre la ministra Montero y el Gobierno socialista canario. «No es serio, así no se solucionan los problemas», afirmó. La Xunta está preocupada, además, porque teme que el Gobierno central solo busque una salida para las entregas a cuenta (330 millones) y no para el resto de conceptos que incrementan la deuda hasta los 700 millones. La ministra se ha comprometido a ponerla encima de la mesa antes del 15 de diciembre. «¿Por qué no la aplica ya?», se preguntó el titular de Facenda.
El informe de la asesoría jurídica de la Xunta supone el enésimo intento del Gobierno gallego para presionar a Madrid. El presidente de la Xunta y el propio Valeriano Martínez se reunieron hace ya un año con la ministra Montero para abordar los pagos pendientes. Pese a que en el encuentro la titular de Hacienda se comprometió a resolver el asunto, la deuda sigue encima de la mesa. Feijóo ha aprovechado también las visitas de ministros a Galicia para insistir en la reclamación. En junio, el Parlamento gallego votó con el respaldo de todos los grupos, a excepción del PSdeG que se abstuvo, una resolución para exigir el dinero. Justo después, el conselleiro envió una carta a la ministra, a la que —según desveló esta mañana— todavía no tiene respuesta. Tampoco, lamentó, le ha contestado a la carta remitida la semana pasada para solicitar la celebración del Consejo General de Política Fiscal y Financiera.
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