El ocaso de la cerámica emblemática de Galicia
La última amenaza de Sargadelos
La firma anuncia el despido de un total de 49 trabajadores que, de consumarse, supondría el cierre de la planta de Cervo. El accionista mayoritario defiende que ni los sindicatos ni los juzgados le van a decir cómo gestionar la empresa
Fundada en 1806 por el Marqués de Sargadelos, que acabó linchado durante la guerra de Independencia acusado de afrancesado, el futuro de la fábrica de cerámica de Cervo en la mariña lucense vuelve a pender de un hilo. Tras casi cien años clausurada, los intelectuales galleguistas Isaac Díaz Pardo y Luís Seoane la recuperaban en 1970 y lograban que las figuras azules, blancas y a veces rojas que salían de sus hornos se convirtiesen en un icono de Galicia. A principios de este siglo, la compañía entraba en crisis y parte de los accionistas apartaban a Díaz Pardo de la presidencia. Después de un ERE y de superar un concurso de acreedores, Sargadelos parecía volver a transitar por aguas tranquilas . Las ventas se recuperaban y se creaban nuevos puestos de trabajo. Pero todo se truncó hace apenas diez días.
El viernes 17 de agosto, el empresario Segismundo García, que controla la mayoría de las acciones, convocaba a los trabajadores y a la prensa a una reunión. Allí anunciaba 49 despidos en una plantilla conformada por aproximadamente unas 110 personas . García, que se define como republicano, ateo y liberal, afirma que «no es grato tener que cerrar la empresa» pero que actúa «por principios». Ni los sindicatos ni los juzgados le van a decir cómo debe gestionarla.
Ante la plantilla, el consejero delegado expone sus razones. La decisión la toma tras conocer que la delegada sindical de UGT, Rogelia Mariña, proyecta volver a denunciar a la empresa, esta vez por incumplir la remuneración de los nuevos trabajadores. García explica que el grupo ha tenido que pagar este año más de un millón de euros por demandas sindicales derivadas del ERE del año 2010, en su opinión «justo y necesario para la pervivencia de la compañía». Advierte a la Inspección de Trabajo que ha estado revisando la legislación y que Sargadelos incumple «262 normas o preceptos» y anima a «la señora Mariña y a UGT» a que cursen las correspondientes demandas y «si es el caso se proceda a la clausura de la compañía». «Como se exija el cumplimiento estricto de toda la legislación vigente se cierran todas las sociedades de nuestro país» , resalta el dueño de Sargadelos.
El lunes 20 un escrito empieza a circular por la fábrica. Se recogen firmas entre la plantilla para instar a la delegada de UGT y expresidenta del comité de empresa a dimitir de su cargo de representante sindical. En el texto se le reprocha «su actitud reivindicativa y contra la dirección», se le insta a consultar a los trabajadores antes de «propasarse con sus reclamaciones y quejas» y se le pide que reflexione tras judicializar el ERE y hacer que la empresa tenga que pagar indemnizaciones que se detraen de su trabajo. « Si no fuera por esa circunstancia quizás los salarios se pudiesen mejorar por parte de la dirección» , reza el texto que firma buena parte de la plantilla. También se le pide a Mariña, despedida y vuelta a readmitir por sentencia judicial, que comparta con sus compañeros los 30.000 euros que la justicia ha determinado que debe recibir por daños morales.
Amenazas y coacciones
El sindicato UGT atribuye la carta al empresario Segismundo García y lo acusa de amenazas y coacciones. Él niega la autoría del escrito aunque reconoce que si Rogelia Mariña dimite «sería un gran avance». Sin una empresa «tensionada» por la actitud sindical, dice, se podrían frenar los despidos y evitar el cierre. «Es un golpe encima de la mesa. Es una inquina personal contra los representantes de UGT », explica Pedro Blanco, abogado del sindicato. Blanco indica que en 2017 y en lo que va de 2018 no había habido ninguna demanda judicial desde UGT contra Sargadelos por motivos laborales y limita a una conversación informal entre Rogelia Mariña y algún trabajador la posibilidad de reclamar mejoras en las retribuciones de los nuevos contratados. El abogado de UGT asegura también que los despidos que se han ido produciendo ya a lo largo de la semana son por motivos disciplinarios y no económicos y aventura que un juzgado los declararía nulos. Pero el propio lunes el sindicato anuncia que volverá a los tribunales. Presenta una demanda de tutela judicial en Lugo que es admitida a trámite. «Solicitamos que cesen este tipo de conductas de chantajes y amenazas, que se paralicen los despidos, que cesen todo tipo de ataques contra UGT, que se paralice la recogida de firmas y que se permita a Rogelia Mariña realizar su vida normal dentro de la empresa», indica Pedro Blanco. Por el momento el juzgado no se ha pronunciado.
Por su parte, Segismundo García denuncia que las amenazas y chantajes son las que «hacen los sindicalistas a las empresas». «Si por este pleito con los sindicatos yo tengo que ir a la cárcel, no hay problema», manifiesta. Para el consejero delegado de Sargadelos el problema es «el intervencionismo exagerado que se está practicando» a la vida empresarial y la actitud de las centrales que es respaldada por los juzgados. Defiende que él no engañó a los nuevos contratados y que aceptaron el puesto de trabajo con el salario que se les ofrecía. Para el accionista mayoritario lo correcto sería que todos los trabajadores rebajasen sus retribuciones , los antiguos y los nuevos, pero la legislación laboral no se lo permite.
Entre el miércoles y el jueves, en la fábrica vuelven a recogerse firmas. Esta vez es para registrar ante la jefatura provincial de la Consellería de Economía, Emprego e Industria la solicitud de la convocatoria de una asamblea de trabajadores con el fin de revocar a Rogelia Mariña de su cargo de representante sindical . Para que la convocatoria prospere será necesario el voto de la mayoría. La implicada no piensa dejar el cargo por voluntad propia. «Nadie puede exigirle que dimita, es una decisión que UGT avala y respeta», indica el abogado del sindicato. Segismundo García se muestra pesimista sobre la resolución del conflicto. «Dudo de que haya posibilidad de que esto se arregle. Los sindicatos son como los poderes fácticos de este mercado», sentencia.
Preocupación
El posible cierre de la histórica factoría ha levantado las alarmas en el Ayuntamiento de Cervo. Su alcalde, el popular Alfonso Villares, ha llamado al entendimiento entre las partes para evitar los despidos y la clausura de la fábrica. «Es una situación muy preocupante para Cervo» , consideró Villares, según informó Ep. Sargadelos, prosiguió, «pasó por un momento crítico hace unos años y salió adelante por la aportación de capital del socio mayoritario». «Una vez que se revirtió esa situación, en cierta medida, sería una pena muy grande que volviéramos a la misma situación de hace cinco o seis años», sostiene.
La líder del BNG, Ana Pontón, ha exigido a la Xunta que actúe ante el riesgo de que «un emblema de Galicia pueda desaparecer» y se «destruya empleo». Pero el delegado territorial del Gobierno gallego en Lugo, José Manuel Balseiro, ya ha avanzado que estarán «expectantes» ante lo que acontezca y que se intentará celebrar una reunión con el máximo responsable de la empresa para «conocer la situación e intentar avanzar en una posible solución». Aclaró sin embargo que las soluciones no podrán venir «desde la administración autonómica». «Sargadelos es una empresa privada y son los accionistas los que determinarán lo que quieren hacer», concluyó.
