El traspaso de la AP-9 avanza en O Hórreo y encalla en el Congreso

El traspaso de la Autopista delAtlántico cumple todos los requisitos para ser catalogado como uno de esos «asuntos de país» que, de cuando en vez, son capaces de hacer que la lógica partidista se aparque por una meta común. En este caso, todos los grupos parlamentarios votaron ayer a favor de una proposición no de ley impulsada por En Marea para que el Congreso «no obstaculice» la tramitación de la transferencia de la AP-9,«respetando la voluntad democrática» expresada en la Cámara autonómica.

En O Hórreo hubo unanimidad —otra vez— y en la Carrera de San Jerónimo también, pero en sentido opuesto:la Mesa ratificó el veto del Gobierno central para que no se debata la cuestión en Madrid. El rechazo a la iniciativa contrasta con el litigio abierto entre el órgano y Moncloa para que sí se discuta la paralización de la Lomce, a instancias del PSOE.

La sesión ordinaria en el Pazo de O Hórreo fue sombreando un ambiente poco propiciatorio para un acuerdo unánime. El diputado del BNG, Luís Bará, impulsor de otra iniciativa en el mismo sentido, clamó contra la «sensación de alarma y vergüenza ante la actitud del Gobierno del Estado y del gallego». Los nacionalistas ven en Feijóo trazos de «sumisión y traición» a Galicia. «No queremos una rebaja más, que no se agache la cabeza», reclamó Antón Sánchez, de En Marea, inmediatamente después de que Raúl Fernández (PSdeG) se preguntara por las «razones ocultas» que esconde el Estado para negar incluso el debate de la transferencia.

La densidad de las críticas coincidió con la decisión de Fomento de rescatar —obedeciendo a su responsabilidad patrimonial— las autopistas radiales de Madrid. «No es un caso comparable», matizó Fernández Prado, del grupo popular. La «demanda unánime» del Parlamento de Galicia no lo ha olvidado ni la Xunta ni la mayoría del PP en el hemiciclo, vino a decir. «Creemos que la AP-9 estaría mejor gestionada desde Galicia, estar cerca de la infraestructura es estar cerca de sus necesidades». Un objetivo, aseguran, «por el que seguir trabajando». Aquí y con el Estado.