El PSOE gallego sitúa de presidenta a una dirigente señalada por un caso de corrupción
El Supremo confirmó que existió una trama para enchufar a la cuñada de Carmela Silva
Durante la clausura del congreso de los socialistas gallegos, que elegían a Valentín González Formoso como nuevo secretario general, a Pedro Sánchez no se le ha ocurrido otra cosa que presumir de que, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, se había regenerado la vida política en España. Y que ese papel había correspondido, obviamente, al PSOE. A cinco metros del jefe del Ejecutivo, recién elegida presidenta del PSdeG, sentada y sonriente estaba Carmela Silva, salpicada de lleno por un caso palmario de corrupción: el enchufe de su cuñada en una concesionaria del Ayuntamiento de Vigo —siendo ella la mano derecha de Abel Caballero— para cobrar un sueldo a cambio de nada.
El PSOE gallego ha pasado de puntillas a lo largo de su congreso por un caso que la pasada semana conoció la sentencia firme del Tribunal Supremo . En ella, los magistrados ratificaban punto por punto el fallo de la Audiencia de Pontevedra, en el que se relataba cómo se urdió una trama de facturas falsas a través de contratos menores —esquivando así la limitación legal— por unos trabajos inexistentes y que permitieron a una concesionaria la contratación de Vanesa Falque, cuñada de Silva , durante cinco años, por los que percibió 108.000 euros.
La sentencia, no obstante, contiene no pocas paradojas. Por ejemplo, no aclara quién dio la orden de que se contratara irregularmente a la cuñada de Silva, ni quién autorizó desde el ámbito político esta operación. De hecho, los condenados son Francisco Gutiérrez Orúe, un alto funcionario municipal y Ramón Comesaña, el empresario titular de la concesionaria. Al primero le cayeron cinco años y tres meses de prisión, y la inhabilitación de nueve años y un día por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil; y al empresario, año y seis meses de cárcel e inhabilitación de dos años y seis meses.
Uno y otro abrieron los cortafuegos necesarios para que la investigación judicial no alcanzara a los responsables políticos del Ayuntamiento de Vigo, que ya en el momento del enchufe estaba presidido por Abel Caballero. En su sentencia, la Audiencia no ocultó su sorpresa ante el hecho de que «ninguno de los acusados (...) pudiera decir por qué se recurrió a esta persona», precisamente cuando el contenido de diversos correos electrónicos «deja traslucir, cuando menos, un particular interés por Vanesa».
Silva, callada
Silva, que también es presidenta de la Diputación de Pontevedra, no fue ni condenada ni juzgada, ni tan siquiera investigada. Tras la sentencia del Supremo ha permanecido en silencio , rompiéndolo solo el sábado para referirse en Twitter a Martínez-Almeida como «un señor bajito de Madrid» que «creo que viene a ver si aprende algo». Abel Caballero, siempre locuaz cuando lo considera, perdió casualmente la voz el viernes por la mañana. Cuando la recuperó a las pocas horas esquivó cualquier valoración de este tema.
El concejal del que dependía jerárquicamente Orúe, Santos Héctor, también salió indemne de la investigación. Durante el juicio dijo no saber que era familiar de su compañera de corporación, ni los motivos por los que fue contratada. Nadie sabía nada en el Ayuntamiento. Los silencios no son propiedad de los cargos del PSOE gallego. El BNG, socio en la Diputación de Pontevedra, también está mirando hacia otro lado desde que se denunció el caso, alegando que no afecta a la institución.
La cuñada tampoco fue juzgada ni condenada, porque su supuesto delito de tráfico de influencias había prescrito, lo que le permitirá no tener que devolver el dinero cobrado por dar un servicio de atención al público en unos centros cívicos. Sus propias compañeras de trabajo afirmaron que esto jamás se produjera. Según la Fiscalía, concesionaria y Ayuntamiento urdieron una trama de facturas «mendaces» para costear el salario de Falque , que se justificó en base a unas supuestas encuestas de calidad. Falque habría hecho mil consultas telefónicas en nueve días. Los peritos replicaron que habrían hecho falta seis personas para esta tarea.
Hay más cosas llamativas. Probado judicialmente el fraude a las arcas públicas municipales en primera instancia, el Ayuntamiento no se personó como parte afectada. Y está todavía pendiente que reclame a la concesionaria el dinero que los jueces dicen que abonó innecesariamente. El caso lo destapó inicialmente el exalcalde de Vigo Carlos Príncipe, y lo llevó a la Fiscalía la plataforma Xuntos por Galicia, ejerciendo además la acción popular en la Audiencia y el Supremo.
El peso de Vigo
Cierto es que el cargo de presidenta en el PSOE no pasa de ser un puesto más honorario que ejecutivo , pero mancha con sucios lamparones el nuevo periodo que ayer abría González Formoso, con la bendición de Pedro Sánchez. Las razones de la inclusión de Silva se explican por el peso específico que tiene la agrupación socialista de Vigo , con Caballero como referente y que ha extendido su control a toda la provincia de Pontevedra. Pactar con Vigo era, también, desarmar el discurso del exsecretario general, Gonzalo Caballero, que acusaba a su sucesor de no integrar a las distintas sensibilidades del partido. En las primarias, Formoso no ganó en Vigo; incluir a Silva era firmar un acuerdo de estabilidad con el alcalde, aunque suponga tragar con este primer sapo. Sin Vigo no hay paz interna en el PSdeG.
La nueva ejecutiva de los socialistas gallegos, con Formoso al frente, se apoya principalmente en el poder municipal, otorgando la secretaría de organización a José Manuel Lage, la vicesecretaría general a la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y la secretaría de acción municipal a Alberto Varela, presidente de la federación gallega de municipios y provincias.
