Rueda afirma que «hará todo lo posible» para evitar la huelga de la justicia

Tras dos jornadas de paro en diciembre, los funcionarios judiciales gallegos han convocado una huelga indefinida a partir del 1 de febrero. Con la protesta pretenden denunciar la falta de medios humanos y materiales y reclamar una equiparación de salarios con respecto a los funcionarios de justicia de otros puntos del Estado . Sólo las negociaciones abiertas con la Xunta, podrían frenar la convocatoria. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aseverado que la administración gallega hará «todo lo posible» por llegar a un acuerdo con los trabajadores de la administración de justicia.

En declaraciones a los medios durante una visita a varios edificios rehabilitados por el Consorcio Casco Vello de Vigo, Rueda ha recalcado que se va a «seguir negociando» . «En la última reunión los representantes sindicales ya reconocieron que había una propuesta encima de la mesa por parte de la Xunta» , ha incidido. A ese respecto, Rueda señaló que esa propuesta «es el punto» para negociar e intentar el acuerdo. «Nosotros no vamos a renunciar, estamos cumpliendo la legalidad porque hay condiciones legales que marcan la actuación de la Xunta. Pero, dentro de ese marco legal, vamos a hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo con los trabajadores», ha añadido.

Asimismo, ha subrayado que el gobierno autonómico está haciendo «un esfuerzo importante» en el funcionamiento de la administración de justicia , y ha recordado, entre otras acciones, que el próximo 1 de febrero entrarán en funcionamiento nuevas unidades judiciales, mientras que otras Comunidades Autónomas tienen que retrasar su apertura por falta de recursos.

Las organizaciones sindicales representadas en la Mesa de Negociación da Administración de Xustiza de Galicia convocaron la primera jornada de paro el pasado 1 de diciembre. Los sindicatos denunciaron que «el personal de justicia de Galicia es el que percibe las retribuciones más bajas del Estado» y advirtieron una pérdida de trabajadores no corregida en los últimos años «mientras los expedientes aumentaban». Las organizaciones sindicales denunciaron, además, «el desmantelamiento que la Xunta está haciendo de la justicia, obviando que los recortes están afectando no sólo a los trabajadores sino a toda la ciudadanía atrasando los tiempos de respuesta».

El paro fue secundado por un 80% de los funcionarios, según los sindicatos, aunque la Xunta rebajó esa cifra al 50%. La segunda jornada de huelga llegó el día 13, ante la falta de acuerdo en las negociaciones. En este caso los convocantes cifraron el seguimiento en un 90% de los trabajadores y la Xunta lo rebajó al 46%