CONFLICTO ENERGÉTICO

La patronal señala al Gobierno central por el «vacío industrial» de Galicia

Alerta del riesgo de pérdida de más de 10.000 empleos por las crisis de Alcoa y Ence

Gonzalo Caballero, ayer durante su reunión con el comité de Alcoa en San Cibrao (Cervo)  EFE

J.L. Jiménez

La patronal gallega ha encendido la luz de alarma ante lo que considera que es una tendencia hacia el «vacío industrial» de Galicia, fruto de las decisiones que en las últimas semanas viene tomando (o no) el Gobierno de Pedro Sánchez. Por eso, la Confederación Gallega de Empresarios (CEG) reclamó este martes con urgencia al Ejecutivo estatal que adopte «soluciones inmediatas» a los conflictos de la industria electrointensiva y de la planta de Ence en la ría de Pontevedra que tienen en jaque «a más de 10.000 empleos» en la Comunidad.

« El estatuto de la industria electrointensiva que se establezca debe fijar un marco eléctrico justo y estable, con un precio competitivo de la energía que garantice la continuidad de empleo y actividad», manifestó la patronal a través de un comunicado, ya que «solo ante esta situación de certidumbre podrán llegar las ofertas para las plantas que están en riesgo en empresas como Alcoa, Ferroatlántica, Celsa, Megasa, Ence, Finsa, Intasa o Showa Denko Carbón, entre otras».

«Para garantizar la viabilidad de estas empresas, que basan sus procesos en la energía eléctrica es esencial trabajar de forma inmediata en la búsqueda de la estabilidad del marco energético y evitar así el vacío industrial de Galicia», conluyen sobre este tema. En esta línea se volvió a pronunciar este martes el conselleiro de Economía, Francisco Conde, que reclamó de nuevo al Gobierno «una reflexión profunda» para incorporar al estatuto de las electrointensivas las alegaciones que la Xunta ha pactado con el sector.

Sin embargo, para el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, que este martes visitó al comité de Alcoa en San Cibrao (Cervo), el culpable de la situación es el presidente de la Xunta porque «no tiene política industrial», aunque las competencias para la regulación del mercado eléctrico sean exclusivas del Ministerio de Industria y no fuera hasta la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa cuando la aluminera estadounidense anunciara el cierre de las plantas de Avilés y La Coruña.

Caballero fue a decirle a los representantes de los trabajadores que Feijóo usa este conflicto «como arma electoral» para «buscar mecanismos de tensión en la búsqueda de votos que sabe que no tiene». Y frente a esto, contrapuso el borrador hecho público por el Ministerio para las electrointensivas, rechazado unánimemente por el sector, la Xunta, los partidos de izquierdas y los trabajadores por insuficiente.

CC.OO. contra el PSOE

La patronal también hizo «una mencón particular» a la situación de Ence-Pontevedra «por el elevado número de puestos de trabajo tanto directos como indirectos —más de 5.000—, que están en el aire si no se le concede la prórroga para continuar con la actividad» en la factoría de Lourizán. «El impacto de su cierre no solo tendría repercusión económica en la comarca y la provincia de Pontevedra –representa el 28% de su PIB-, sino en toda Galicia», advirtieron.

Según sus cálculos, las exportaciones de Ence Pontevedra «alcanzan el valor de 200 millones y aporta más de 33 millones de euros en impuestos a las arcas públicas», y lamentan que «el cambio de criterio del Gobierno en cuanto al allanamiento en la defensa de la prórroga concedida a la empresa no solo afecta a la continuidad de Ence sino que desmotiva a posibles inversores, tan necesarios en estos momentos».

El sindicato CC.OO. fue un poco más claro, al señalar al PSOE de Pontevedra como «el único responsable» del cambio de criterio de la Abogacía del Estado. «Quieren cerrar Ence en Pontevedra y destruir el empleo», denunció José Luis García Pedrosa, secretario de organización del sindicato. CC.OO. avisó contra el «desierto industrial» que provocaría el cierre de Ence y anunció que organizará movilizaciones en este periodo electoral para que se visualice este conflicto.

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