Vilán, Leiceaga, Santos, y Villares en la junta de portavoces del Parlamento
Vilán, Leiceaga, Santos, y Villares en la junta de portavoces del Parlamento - EFE

El Parlamento deja en manos del Congreso el traspaso de la AP-9

La Cámara autonómica aprobará en pleno una nueva petición de transferencia de la vía

Santiago Actualizado: Guardar
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La pelota de la AP-9 está a punto de cambiar de tejado. El Parlamento autonómico entregará la semana que viene al Congreso de los Diputados una proposición de ley para que las competencias de la Autopista del Atlántico pasen a manos de la Xunta de Galicia. Solo falta que los partidos vuelvan a escenificar, una vez más, el consenso que durante meses ha servido para dejar clara una postura: Galicia quiere gestionar la vía que conecta cinco de las siete ciudades más importantes de la Comunidad.

Ayer, la Comisión de Infraestructuras de la Cámara gallega aprobó por unanimidad el texto que será remitido a la Carrera de San Jerónimo, una vez que haya obtenido el beneplácito del pleno de O Hórreo.

Será la segunda vez en menos de un año que repitan el procedimiento, después de que la Mesa del Congreso vetara el pasado mes de octubre el primer intento de debatir la transferencia en Madrid.

En el documento refrendado por PP, PSdeG, En Marea y BNG, los cuatro reclaman al unísono que Galicia asuma las competencias que ahora corresponden al Ministerio de Fomento. Por ejemplo, que sea el Gobierno gallego quien tenga la potestad de autorizar la «puesta en servicio de nuevos tramos», o el encargado de sancionar «los incumplimientos» de la empresa concesionaria. Cuando la transferencia se haga efectiva —a través de una ley orgánica—, la Xunta tendrá que supervisar «el correcto funcionamiento» de la carretera, considerada por el Gobierno central una arteria de la red transeuropea de transporte.

El de los peajes es, no obstante, uno de puntos que reviste mayor interés. La proposición contempla que la Comunidad podrá hacer «modificaciones» en el «establecimiento, actualización o supresión de tarifas y peajes» o en la «aplicación de programas de descuento». Incluso en la exposición de motivos, los partidos denuncian que los «peajes desorbitados» limitan «el acceso» de los gallegos con menos recursos a la autopista «y lastran el desarrollo de sectores económicos» autóctonos.

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