La mina de Touro no se activará si no obtiene 15 informes favorables

El presidente de la Xunta pide a la oposición que no cree «alarma social»

Luís Villares, portavoz de En Marea, en el Parlamento gallego EFE

Z. R.

La Xunta no autorizará la reactivación de la explotación minera en los concellos coruñeses de Touro y O Pino si no tiene encima de la mesa, al menos, «15 informes favorables». Tras la multitudinaria manifestación que el pasado 10 de junio recorrió las calles de Santiago para rechazar la reapertura del proyecto, el presidente del Gobierno gallego insistió este miércoles en el Parlamento en que el Ejecutivo autonómico se limitará únicamente a analizar si la solicitud de la empresa Cobre San Rafael —titular de la explotación con concesión vigente hasta 2068— cumple con la legislación y obtiene todos los permisos preceptivos.

En este sentido, y después de que el portavoz de En Marea Luís Villares alertase del «grave impacto ambiental» que acarrearía la iniciativa, Feijóo instó a los grupos de la oposición a no generar «alarma social» entre los vecinos de la zona. «Somos garantes de la ley, aunque usted ni siquiera recuerda qué es la ley», reprochó el mandatario autonómico al líder rupturista; al tiempo que recordó que, pese a los augurios de la oposición, la Xunta ya denegó en su día los permisos de explotación del proyecto minero en el concello de Corcoesto o la segregación de actividades de la empresa Ferroatlántica.

Villares, por su parte, señaló que actualmente ya existen informes y «datos oficiales» que certifican los peligros «ambientales y sociales» que supondría reactivar la mina Touro y O Pino. En concreto, el portavoz de En Marea apuntó que organismos dependientes de la Xunta certificaron la «contaminación» en el río Ulla y de varios acuíferos próximos derivada de la anterior actividad minera en la zona, en la que se extrajo cobre hasta el año 1986. El presidente del Gobierno gallego, en cambio, acusó al líder rupturista de mentir, y apuntó que solo existen tres expedientes abiertos en «regatos perimetrales». «En el Ulla ninguno. ¿Seguirá mintiendo? Deje de generar alarma social», criticó Núñez Feijóo. Por el contrario, reivindicó los más de 1.100 millones de euros invertidos por parte de la Xunta en saneamiento, abastecimiento y depuración.

En paralelo, el presidente del Ejecutivo autonómico puntualizó que la norma que se aplicará para decidir si se autoriza o no la explotación, la Ley de minería de Galicia, fue redactada durante el Gobierno bipartito. «Usted estaba de acuerdo con la ley que a mí me dice que no aplique», reprochó Alberto Núñez Feijóo, aludiendo al pasado de Villares como militante del BNG.

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