Marina Castaño niega malversación en el núcleo duro de la Fundación Cela

En la Fundación Cela, antes de que ésta pasase a manos públicas, existía un «núcleo duro». De él formaban parte Marina Castaño , viuda del Nobel, el gerente del organismo desde 1993, Tomás Cavanna, y el patrono y exconselleiro Dositeo Rodríguez. Los tres compartieron ayer banquillo para responder por un presunto delito de malversación de caudales públicos que también salpica a la hija de Rodríguez, Covadonga, en la actualidad subdirectora de la Fundación. Atendiendo al relato del fiscal del caso, todos ellos fueron partícipes de un despido fingido, el de Cavanna, que buscaba encubrir su salida voluntaria de la dirección con una indemnización de 150.000 euros . Sobre la mesa, el representante del Ministerio Público puso una serie de correos electrónicos en los que, aparentemente, se diseñaba la fórmula para blindar la marcha de Cavanna con esta generosa cuantía, aunque todos los acusados lo negaron.

La primera en enfrentarse a las preguntas del fiscal fue la propia Castaño, que en numerosas ocasiones echó mano del «no lo recuerdo» para zanjar la cuestión . Sobre la supuesta simulación, la periodista afirmó que todo se hizo con arreglo a la ley y descargó responsabilidades en los contables de la Fundación. Marina Castaño también explicó, como contexto de la situación, que con la llegada de la crisis las subvenciones de las que se nutría el ente cayeron y eso la obligó a tomar una determinación sin vuelta atrás, dejarla en manos de la Xunta. Pero para eso, aclaró , la Fundación debía quedar lo más libre de cargas posible , lo que implicaba el despido «inminente» de Cavanna. «La Xunta no podía pagar su sueldo —6.000 euros al menos, según reconoció Covadonga Rodríguez— y tampoco les cuadraba por una cuestión de incompatibilidades personales», asumieron ayer varios de los acusados.

Ninguno de ellos pudo aclarar por qué la indemnización de Tomás Cavanna llegó a los 150.000 euros —una cantidad «alucinante», llegó a escribir la subdirectora encausada—, pero todos defendieron que el montante se encontraba «dentro de los márgenes que permite la legalidad» . Además, aseguraron que la cantidad contaba con el aval de la Xunta. Sin embargo, puso el foco el fiscal, la indemnización que figuraba en la carta de despido a la que el Patronato dio el visto bueno era de 96.000 euros (lo correspondiente a 20 días por año trabajado), y a los 150.000 se llegó a través de un acto de conciliación sobre el que se ciernen muchas interrogantes. «Dieron una carta de despido por valor de 96.000 euros para después hacer una negociación de 150.000 que ya conocían con carácter previo. Estaban simulando un despido », acusó la Fiscalía. «No es una manera encubierta. pero la Fundación no tenía dinero para pagarlo», le contestó Dositeo Rodríguez, que asumió que estas acciones se hicieron siguiendo un plan de viabilidad acordado con el Gobierno gallego.

En sintonía con su padre y con el propio Cavanna —que afirmó que su intención era mantenerse en la Fundación hasta la celebración del centenario de Cela— Covadonga Rodríguez insistió en que la Fundación estaba «en un extremo de quiebra técnica» y que el Patronato se fue al mínimo de 20 días por año trabajado para ver si Cavanna «aceptaba». «Si colaban los 96.000, no teníamos que pagar 150.000, pensamos que igual se bajaba de la burra, porque él era tan consciente de la situación económica de la Fundación como yo», subrayó la responsable.

Sobre este extremo, el exgerente manifestó que estaba «absolutamente» convencido de que su indemnización se pagaría con dinero privado de la Fundación y no con fondos de la Xunta , como finalmente se hizo. Los cuatro procesados se enfrentan a cuatro años y medio de prisión por malversación.