A la Marea coruñesa no le salen los números en su medida estrella

El borrador de la medida estrella anunciada por la Marea coruñesa, la Renta Social de cuya aplicación normativa se beneficiarían entre 500 y 1.000 familias, hace aguas. Partiendo de los datos que maneja el equipo de gobierno en María Pita, los tres millones de inversión anunciada se agotarían a los seis meses. La cifra sale de multiplicar los 532,51 euros del Iprem comprometidos por unas 1.000 unidades familiares de un solo miembro.

Con todo, desde el Consistorio defienden que los números vienen respaldados por un informe económico, que no se ha hecho público, y mantienen su intención de aprobar la normativa, cuyos cálculos cuestionan desde el Partido Popular, «lo antes posible». En palabras del alcalde, Xulio Ferreiro, la idea es que «entre en vigor en 2016».

Iniciado el trámite y una vez entregado el borrador a la oposición y a las entidades sociales, el PP solicitaba este martes la convocatoria de la comisión de Justicia Social con el fin de que los técnicos municipales que diseñaron la ordenanza expliquen cómo se va a aplicar en la práctica. Según indicó el concejal Miguel Lorenzo,«no hay estudio alguno que avale lo que en él se recoge». Es más, a su juicio, las estimaciones están realizadas a «ojo de buen cubero», evidenciando así «la falta de capacidad de gestión del gobierno de la Marea, que lleva vendiendo esta autodenominada Renta Social sin ningún contenido hasta el día de hoy».

Es por ello que avanzó que solicitará la presencia en la comisión tanto de la Asesoría Jurídica como de la Intervención Municipal, ya que el documento no se acompaña de «ningún informe de estas áreas sobre su encaje legal». Ambos se incluirán cuando la ordenanza llegue a pleno. En cuanto a las cifras, los populares de La Coruña mantienen que la partida que baraja el gobierno de Ferreiro se consumiría en apenas medio año, y que para cubrir las expectativas anunciadas serían necesarios como mínimo entre 6 y 9 millones de euros.

A su vez, Lorenzo pone el acento en la «difícil y farragosa» tramitación que deberán afrontar los solicitantes. «El borrador recoge que habrá que presentar previamente hasta seis informes y la fiscalización por parte de Intervención de los pagos. Con estos requisitos los dos meses que recoge el documento serán claramente insuficientes», indicó el edil de los conservadores coruñeses.

Así, la medida que la concejala de Xustiza Social, Silvia Cameán, defendió para una ciudad «en la que 2.500 hogares ingresan menos de 400 euros mensuales», para Lorenzo «cojea en gestión y tramitación».