El colapso judicial en Galicia suspende juicios hasta 2020

Desde el pasado 7 de febrero, las montañas de expedientes que se acumulan en los juzgados gallegos han quedado prácticamente intactas. Antes del inicio de la huelga indefinida de funcionarios se acumulaban ya 126.000 casos sin resolver. Pero cuando finalmente se retome la actividad y lleguen los asuntos a los que todavía no se ha dado entrada, el colapso de la justicia gallega será aún más insoportable. Jueces, fiscales, procuradores y abogados alertan del grave perjuicio que está causando a la ciudadanía un conflicto en el que las partes parecen cada vez más alejadas. Algunos de los juicios suspendidos en los últimos días no se celebrarán hasta 2019 e incluso 2020.

«Va a haber un atasco que se va a prolongar durante años y va a ser difícil de sacar adelante» , advierte Félix Mondelo, presidente del Consello da Avogacía Galega. «La situación es preocupante, a medio plazo cuando se desconvoque finalmente la huelga, habrá una entrada masiva de asuntos y llevará un tiempo retomar el ritmo», coincide Xermán Varela, portavoz de Jueces para la Democracia. Varela explica que los juzgados gallegos soportan habitualmente cargas de trabajo mayores de las que deberían. «Si ya teníamos una situación complicada, esto no ayuda a resolverla», apostilla.

Los servicios mínimos sólo están atendiendo estos días los casos más urgentes. Se siguen celebrando juicios si el acusado está encarcelado y casos de violencia de género. Pero hay situaciones dramáticas que quedan sin resolver. «Es un trastorno muy grande. Hay gente que está pendiente de que se expida un mandamiento judicial con devolución de dinero y no se le paga por eso», asegura Félix Mondelo. Los sindicatos convocantes de la huelga también han advertido de problemas para poder empezar a cobrar pensiones, ante la falta de actividad en los registros civiles. Otras fuentes judiciales apuntan que la huelga de la justicia se diferencia de otras «porque el fastidio no es sólo para el empleador, sino también para el ciudadano». Las consecuencias serán más palpables en los juzgados más colapsados , como los de lo social que atienden causas como indemnizaciones por despido, que ya habitualmente pueden tardar en cobrarse meses y ahora incluso años.

Otro de los trastornos, explica Félix Mondelo, es que no se suspenden con antelación los juicios. En algunos casos es necesario que se desplacen testigos o peritos desde otras ciudades, que realizan el trayecto con los gastos que acarrea para nada. «En el juicio que iba a celebrarse en Lugo contra el alcalde de Barreiros por el tema de las licencias urbanísticas venían 10 abogados, numerosos investigados y se suspendió en el último momento», destaca. El juez Xerman Varela indica que es imposible avisar con antelación de que los juicios no se van a celebrar porque no puede saberse si los funcionarios ejercerán o no al día siguiente su derecho a la huelga. Los letrados también están sufriendo las consecuencias de la huelga en sus bolsillos, dado que no suelen cobrar hasta que se finalicen los asuntos. Aún así, el Consello da Avogacía Galega recalca que, de momento, los mayores perjudicados son los ciudadanos.

La preocupación se ha agudizado ante el enquistamiento de un conflicto, en el que las partes parecen cada vez más alejadas. Jueces, fiscales, procuradores y letrados realizan un llamamiento a la Xunta y a los funcionarios para que retomen el diálogo y logren consensuar una salida a la situación. El Consello galego de la Avogacía asegura entender el derecho legítimo de las reclamaciones de subida salarial de los funcionarios, pero también las razones que esgrime la administración, que tiene unos recursos limitados. Sin entrar a valorar si las cantidades concretas que piden y ofrecen unos y otros son las adecuadas, desde Jueces para la Democracia se asegura «entender las demandas de los trabajadores» que en los últimos años de crisis han perdido mucho poder adquisitivo.

«Sería deseable llegar a una pronta solución que evite que los problemas que ya existen se vean agravados, con los consiguientes perjuicios para la Administración de Justicia, los operadores jurídicos y, sobre todo, para los ciudadanos», subrayan fuentes de la Fiscalía. El Colegio de Procuradores coruñés enviaba también esta semana un comunicado en el que instaba a las partes a que «sin más dilación» retomasen el diálogo y llegasen a un acuerdo que pusiese fin a los «graves perjuicios» que causa la paralización de los juzgados.