Galicia
Los indicios del saqueo a las plantas de Alu Ibérica
Los interventores judiciales revelan pagos de hasta 25.000 euros al mes a una de las detenidas
Directivos con salarios desorbitados, empresas intermediarias con comisiones e incluso posible fraude de subvenciones. Los interventores judiciales que han pasado un mes vigilando las plantas de Alu Ibérica (antigua Alcoa) en La Coruña y Avilés concluyen en su informe que la gestión del Grupo Riesgo pone en peligro el patrimonio de la empresa. Tras una denuncia del sindicato Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ordenó el pasado 27 de abril el control de las plantas. Ahora debe decidir si aparta a sus actuales propietarios y designa a un administrador para que se haga cargo de las factorías. En el informe, al que ha tenido acceso ABC, la intervención judicial apunta a diferentes indicios que corroborarían la sospecha de los sindicatos de que el Grupo Riesgo llegó a las factorías para desmantelarlas, vender todo lo posible y abocarlas al concurso de acreedores.
El conglomerado empresarial está capitaneado por Víctor Rubén Domenech y Alexandra Camacho. Ambos fueron detenidos por la UDEF a principios de marzo y se encuentran en libertad con cargos. Desde hace meses el grupo desmiente las acusaciones y asegura que su intención es mantener a las fábricas de aluminio operativas. Pero los interventores denuncian en su informe que no obtuvieron ningún tipo de colaboración para comprobar que estos planes son reales . «Las sociedades intervenidas han incumplido de forma reiterada los requerimientos de información realizados por esta Intervención Judicial», destacan en sus conclusiones. Pese a las piedras en el camino, su investigación ha dado ya algunos resultados. Tras analizar los ficheros de nóminas se encontraron con aspectos que en su opinión implican «un perjuicio para el patrimonio de las sociedades intervenidas» .
Una de las investigadas en la trama, Alexandra Camacho, está contratada en la planta de Avilés con una retribución mensual de 25.000 euros netos (44.351 brutos). Los interventores consideran esta remuneración «claramente desproporcionada» con respecto al resto de salarios de la compañía y sospechan que «la fijación de una retribución tan elevada en favor de esta persona suponga una operación dirigida a la descapitalización de la empresa». Tampoco ven justificado el salario de Sergio Aragón en la factoría coruñesa . En el staf figura como Operational Manager de ambas plantas. Pero en una entrevista personal realizada el pasado 13 de mayo, el propio Aragón «manifestó a los interventores judiciales que no tiene acceso a las aplicaciones informáticas de gestión de las sociedades intervenidas, que no tiene ningún poder de representación (…), que no conoce ni siquiera la cantidad de materia prima que va a llegar al día siguiente a las fábricas».
El alto cargo de Alu Ibérica percibe un sueldo de 12.005,67 euros netos mensuales (144.000 anuales en doce pagas) . «Existen indicios de que esta persona no estaría realizando un trabajo que justifique una retribución tan elevada, ni estaría asumiendo ninguna responsabilidad de decisión acorde con dicha retribución, lo que de forma evidente supondría un perjuicio para la sociedad». Otra de las prácticas que el informe pone en duda es el uso de una sociedad intermedia, Logiplus Worldlwide S.L., para ejecutar la compra y contratación de servicios y suministros para las plantas de aluminio. Los interventores apuntan que existen indicios de la vinculación de esta empresa con los propietarios del Grupo Riesgo, investigados en el proceso penal. El equipo designado por el juzgado para vigilar la gestión de Alu Ibérica entrevistó a uno de los responsables técnicos del área de compras de Avilés. Su testimonio fue clave. Desde que Logiplus comenzó a intermediar en las compras se ha producido un 10% en los precios pese a seguir usando a los mismos proveedores que se empleaban con anterioridad.
El documento que analiza la juez Maria Tardón también apunta a un posible fraude de subvenciones. El 14 de mayo, el Principado de Asturias les otorgó una ayuda de 794.322 euros para realizar actuaciones de eficiencia energética. Pero la legislación impide a las sociedades intervenidas judicialmente recibir subvenciones públicas. Si bien es cierto que se había solicitado con anterioridad a la decisión de la Audiencia Nacional, los interventores apuntan a que Alu Ibérica debería haber comunidado a la administración asturiana que «había dejado de cumplir los requisitos necesarios» . Además también encontraron incongruencias con respecto al uso de los coches de empresa. Tras pedir a la dirección un listado, ésta les comunicó que «ningún directivo, socio o trabajador» disponía de este tipo de vehículos. Los interventores se presentaron sin previo aviso en la factoría coruñesa el 2 de junio y pudieron encontrar un documento en el que la empresa hace entrega al Operational Manager de un Seat Ibiza además el personal técnico les informó de que el director de recursos humanos disponía también de otro vehículo de la marca Ford.
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