El Gobierno central no reclamará a los Franco la Casa Cornide

Después de que el Pazo de Meirás pasase a formar parte del patrimonio del Estado, la Casa Cornide parecía ser la siguiente de la lista . Situada en la ciudad vieja, el ayuntamiento coruñés considera que el inmueble, propiedad de la familia Franco, debería pasar a ser de titularidad pública. Pero el Gobierno central enfría la reclamación. El Ejecutivo de Sánchez no prevé iniciar gestiones para despojar a los herederos del dictador del edificio. Alega que no tiene constancia de que esa propiedad pueda ser de titularidad estatal.

La respuesta se la ofreció al diputado de Galicia En Común, Antón Gómez Reino. El también líder de Podemos en Galicia se interesó por el cumplimiento de una proposición no de ley con la que el Congreso evidenció su apoyo a la intención del ayuntamiento coruñés de recuperar esa propiedad para el patrimonio público. El 11 de marzo de 2021, la Comisión Constitucional del Congreso aprobó, con el voto en contra de Vox y la abstención de Ciudadanos, ese texto del propio Gómez Reino que instaba el Gobierno a «apoyar las iniciativas» tomadas por el Ayuntamiento de La Coruña. Gómez Reino preguntó al Ejecutivo si había avanzado algo en ese mandato y si tenía previsto personarse en las causas judiciales «abiertas o por abrir» a iniciativa del consistorio con objeto de recuperar la casa para patrimonio público.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno detalla que en la Dirección General del Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, «no constan indicios» de que la casa Cornide «pueda ser de titularidad estatal». Por ello, explica que, «en principio», no «se ha considerado pertinente iniciar un expediente de investigación o recuperación patrimonial por la Administración General del Estado».

La decisión supone un duro revés para el Consistorio coruñés, que había pedido a expertos de la Universidade de A Coruña un informe sobre las opciones legales. En el documento veían posible que el inmueble pasase a ser del Estado, dado que la permuta que se realizó en su día carecía de unos informes. Pero advertían, que, en todo caso, era el Gobierno central el legitimado para reclamar el inmueble.

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