EL DEBATE DE LA NORMATIVA
Galicia acota el «efecto Airbnb»: ya se regulan 6.630 viviendas de uso turístico
Sanxenxo (1.3709 y Santiago (371) son los lugares donde más se han registrado este tipo de alojamientos
En Madrid, San Sebastián o Bilbao ya saben lo que es intentar armonizar el auge de las viviendas de uso turístico —puestas en alquiler a través de plataformas como Airbnb— y que el regulador intente tumbarlas por la vía judicial. Les ha ocurrido hace escasas semanas. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha puesto la lupa sobre la normativa de las tres ciudades y ha identificado algunos flancos que, según el organismo, atentarían contra la libertad empresarial de estos nuevos operadores. Galicia , sin embargo, ya se fajó en esa batalla . El pasado mes de febrero se batió en los tribunales después de la CNMC denunciara el decreto que regula las viviendas de uso turístico. Y pasó el filtro.
Atrás quedaron los argumentos de la institución, que cargaba contra la Xunta por limitar el alquiler por habitaciones, o por saltarse la legislación de economía colaborativa que emanababa de la UE. Al final, imperó el criterio del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que entendió que la administración autonómica no pretendía embridar este nuevo tipo de turismo, sino enmarcarlo a través de un texto que, desde el principio, la Xunta diseñó con mimo para intentar que fuera lo menos limitativo posible. El recurso previo planteado por la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) tampoco prosperó.
Desde entonces, los datos hablan de la acogida en los quince meses de su entrada en vigor. A 1 de agosto de este año, en Galicia afloraron oficialmente con 6.628 viviendas de este tipo, a las que la Xunta exige la firma de una declaración responsables con los datos del propietario, entre otros requisitos. Por ejemplo, la obligación de comercializarla dos veces al año «con fines turísticos» o la existencia de hojas de reclamación a disposición de los usuarios.
Por provincias, se constata que la proliferación de este tipo de alojamientos es sobre todo un fenómeno costero. En Pontevedra, la Xunta tiene identificadas 3.184 viviendas, por las 2.417 de La Coruña . En Lugo, la cifra baja hasta los 858 registros, mientras que en Orense, provincia sin salida al mar, se desploman hasta los 169. Además, se constata que la localidad turística por excelencia sigue siendo Sanxenxo, con 1.403 viviendas, seguida de Santiago de Compostela(371), La Coruña (230), O Grove (227) o Barreiros, en la Mariña lucense, con 217.
Un marco común
La receta de Galicia para capear el bum de los Airbnb tampoco la hace ajena a los problemas de la regulación estatal. En una intervención en el Foro de Liderazgo Exceltur, el pasado enero, Alberto Núñez Feijóo habló de la necesidad de implantar un marco común para poner freno a «la competencia desleal» entre los distintos modelos y blindar al mismo tiempo «la calidad» .
Desde el Cluster de Turismo tampoco ocultan su satisfacción por la forma en la que se introdujo la regulación en Galicia. En declaraciones a ABC, Francisco González celebra que en el decreto se hubiera recogido «mucho de lo que hemos pedido» y reivindica su potencial como pauta para otros territorios . Sin ir más lejos, el Cluster viajó a Alemania junto con otras federaciones del ramo para exponer cómo operaba modelo de convivencia entre este nuevo turismo y el más tradicional. «Como sector siempre hemos dicho lo mismo: las viviendas de uso turístico existen, siempre han existido y deben existir. Cada día seguimos diciendo que debemos aprender de los errores cometidos. Estamos viendo que ciudades que no controlan este tipo de alojamientos, donde hay permisividad total, están comenzando a padecer graves problemas sociales», apostilla González sobre un asunto al que le despoja la etiqueta de «nuevo». «Lo único nuevo es el reglamento», indica. «Yo recuerdo que familias enteras se iban con la suegra o la madre para alquilar la vivienda durante dos meses y así sacarse un extra» .
En otros destinos, pese a todo, las viviendas de uso turístico han entrado de lleno en la agenda política. Es el caso de Santiago, donde el gobierno rupturista de Martiño Noriega propagó un informe en el que se cifraba en 8,5 los millones que se dejaban de tributar por estos alojamientos. En la última semana, de hecho, el Concello anunció que había detectado 720 viviendas ilegales de uso turístico. La Xunta, por su parte, hace meses que aplica un plan propio de inspección.
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