El Consultivo duda de la validez de la constitución del área sin el transporte

El pleno de constitución de la Asamblea del Área Metropolitana que se celebrará hoy «carece de validez y garantías legales» por cuanto no se ha formalizado la integración «efectiva» de Vigo en el Plan de Transporte Metropolitano, condición sine qua non que estipula la ley correspondiente para su puesta en marcha. Así lo recoge el Consello Consultivo en su respuesta al dictamen solicitado por la Xunta de Galicia —a instancias de varios municipios— ante las discrepancias surgidas en los últimos días con el Concello respecto a la incorporación del servicio que presta Vitrasa.

Según recoge en su respuesta el organismo, cuya resolución no es vinculante e hizo pública el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, « de no producirse tal previa integración

, no podría considerarse la efectiva constitución y puesta en funcionamiento del Área Metropolitana». Cuestiona así que su arranque, sin la adhesión de la ciudad de cabecera al transporte, cuente con «todas las garantías legales», dado que incumple la condición pactada por las partes en el convenio suscrito el pasado 6 de julio. Si bien, añade que no aprecia «obstáculos jurídicos que impidan atribuir al convenio [...] la naturaleza de instrumento de integración efectiva formal, aunque no material».

También se pronuncia el Consultivo sobre la pretendida aplicación de tarifas diferentes en función de si los usuarios del autobús están o no empadronados en Vigo por parte del alcalde, el socialista Abel Caballero, para señalar que «no se contempla». Vuelve a acentuar así como condición que Vigo debe cumplir con los términos acordados para su integración efectiva en el plan, lo que implica una tarificación en igualdad de condiciones para todos los municipios adscritos al área. «Cualquier diferenciación resultaría asimétrica con lo dispuesto en dichos convenios, donde no se recoge el empadronamiento como elemento singular en el que sustentar un diferente tratamiento entre las personas usuarias», indica.

Con todo, recalca que ese convenio no establece previsión alguna sobre las consecuencias jurídicas de un posible incumplimiento de los compromisos, y remite a él para señalar que las diferencias de interpretación se deberán resolver por la vía de lo contencioso-administrativo. Sin ir más lejos, ayer Caballero reiteraba su invitación al Gobierno gallego de recurrir a esta vía para resolver las discrepancias, toda vez que consideró al Consultivo un «asesor de la Xunta». «Propongo que vaya al contencioso. Lo que salga lo aceptaremos, ni siquiera lo recurriremos, y quedaría todo resuelto de forma inmediata», dijo.

Acto seguido, volvió a cargar duramente contra el PP al que responsabilizó de querer «reventar» la puesta en marcha de este organismo supramunicipal que mantiene fijada para hoy, una cita a la que finalmente acudirán los 14 alcaldes que lo integran, incluidos los del PP, pese a sobrevolar la sombra de la denuncia.