Tribunales
La pieza principal de ‘Pokemon’ se cierra entre reproches a la caótica instrucción de Pilar de Lara
El juez da por probado que la concesión de la grúa de Lugo en 2005 se hizo después del pago de mordidas a Fernández Liñares, entonces primer teniente de alcalde y posteriormente presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil
Diez años después de que Pilar de Lara iniciara la investigación del ‘caso Pokemon’, su sustituto al frente del Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo ha puesto su punto y seguido, toda vez que la causa enfilará ahora el cauce de las acusaciones de las partes y la eventual apertura de juicio oral. Una década de decenas de miles de folios que se traducen en la continuidad del procedimiento contra trece personas, entre ellas el expresidente de la Confederación Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares , su mujer, y una decena de empresarios que participaban en una trama corrupta, bien para conseguir adjudicaciones públicas del Ayuntamiento de Lugo a cambio de sobornos a cargos públicos, bien facilitando facturas falsas con las que enmascarar una ‘caja b’ con la que comprar estas voluntades.
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El juez Joaquín Brage lista entre los supuestos delitos que imputa de diferente manera a los investigados los de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, falsedad en documento mercantil, delito contable continuado, prevaricación administrativa y blanqueo de capitales. Respecto a otra decena de investigados, el instructor decreta el sobreseimiento de las actuaciones, entre ellos el exalcalde de Lugo, José López Orozco, respecto del que «no se aprecia comportamiento delictivo alguno», ni en la tramitación de la Fábrica de la Luz, la adjudicación de la publicidad en los buses urbanos de Lugo o los trabajos previos del concurso de las líneas de autobús urbana. La Audiencia Provincial ya había indicado en septiembre de 2018 que no había indicios contra Orozco.
Grúa amañada
El relato de los hechos que plantea el magistrado en su auto sigue a grandes rasgos el guión en su día fijado por Pilar de Lara. Javier Reguera, ordenanza del concello de Lugo y empleado de la concesionaria de la grúa municipal, acuerda a comienzos de 2004 con Fernández Liñares, entonces concejal de Economía y primer teniente de alcalde, «buscar una empresa a la que lograr que le adjudicaran el nuevo contrato de servicio de grúa y por esa vía obtener beneficios económicos para ambos» . Reguera y Liñares suman a su entente al constructor Manuel Santiso. Cuando encontraran una empresa dispuesta a participar en su apaño, ellos tres ostentarían el 50% de la nueva sociedad, además de recibir «una cantidad mensual como contraprestación por esa ilícita adjudicación».
Encontraron a Cechalva, propiedad de José Luis Álvarez y Jorge Pío Cecchini, que gestionaban la grúa en Oviedo. Liñares les prometió la adjudicación del servicio en Lugo, a cambio de 2.000 euros mensuales que «irían destinados al alcalde de Lugo, lo que a la postre resultó ser falso». Este dinero —más de 100.000 euros, según calcula la investigación— acabó en el bolsillo del concejal, que hizo un traje a medida en el pliego administrativo para que Cechalva ganara el concurso en 2005, amañado desde el minuto uno a su favor.
El auto recoge cómo, además de las irregularidades en la adjudicación, las hubo también en la apertura y mantenimiento de las instalaciones de la grúa, con licencias concedidas irregularmente y nunca inspeccionadas por los servicios municipales gracias a las influencias de Liñares. Ni este ni sus dos socios aparecían en la sociedad adjudicataria, sino que se enmascararon a través de un testaferro , Demetrio Arias, cuñado de Reguera.
El juez relata también cómo se creó toda una red de empresas que facilitaba «facturas ficticias» con las que no solo manipular la cuenta de resultados de la empresa para eludir obligaciones fiscales, sino para alimentar una ‘caja b’ con la que repartirse «cantidades mensuales ajenas al ciclo tributaro» y «pagar cantidades periódicas a funcionarios como contraprestación», dinero que Liñares intentó blanquear en pisos y acciones.
Críticas a De Lara
En su auto, dictado el pasado 30 de septiembre, el magistrado no ahorra en reproches velados a su antecesora en el Juzgado. «El presente procedimiento no solo presenta una extensión fuera de lo común (aunque en este juzgado no sea la única causa de similar amplitud, ni la más amplia), que en este caso se aproxima a los 107.000 folios, 307 tomos» sino que además arrastra «una gran complejidad, y con enrevesamiento y farragosidad crecioentes».
Esta situación «vino propiciada por la multiplicidad de hechos de lo más diverso que aquí se han ido acumulando», y que encuentra su corolario en el hecho de que «quien se enfrenta a esta instrucción no intervino en ella durante los más de diez años que ha durado», dado que Brage aterrizó en el Juzgado en el verano de 2020 procedente de Sabadell.
El propio instructor reconoce que estas dilaciones están «fuera de lo común y no es imputable a los investigados», por lo que «deberá valorarse en la fase procesal del juicio oral si se llega a ella» la aplicación de la atenuante de las dilaciones indebidas. Esto abre un escenario de reducción considerable de las hipotéticas penas a los acusados, que puede dejar diez años de trabajo policial y judicial en castigos irrelevantes.
Brage deja entrever en su auto el caos de la instrucción y el desorden heredado en la causa : «no siempre es tarea fácil desgranar entre cada actuación, declaración o informe aquellas que afectan a estas diligencias y las que no guardan relación con esta causa, o solo la tienen de forma indirecta o secundaria».
Además, el juez ha tenido que expulsar del sumario el trabajo de más de dos años de instrucción realizada en su día por Pilar de Lara , al haberse realizado durante una prórroga otorgada fuera de plazo. «Como es lógico, malamente puede ‘prorrogarse’ un plazo una vez ya extinguido o agotado, como ocurría en este caso», sentencia Brage, «toda la instrucción» desde el 6 de junio de 2017 «ha sido irregular y todas las diligencias practicadas» desde entonces «son nulas de pleno Derecho».
La investigación por la 'operación Pokemon' dio comienzo en 2011, cuando al frente del Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo estaba la magistrada Pilar de Lara. Ocho años después fue apartada de su puesto, después de ser sancionada por el Consejo General del Poder Judicial por una falta muy grave de desatención de su juzgado, en el que se acumulaban miles de folios de macrocausas sin que se cerraran o se resolvieran. Una década después, su sustituto ha sido quien de ponerle el punto y final a la pieza principal de esta trama, a la que todavía le quedan flecos en forma de piezas separadas.
