Bravo Bosch: «Vine a aclarar lo que querían que aclarara»

La exdelegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch -fue destituída del cargo hace un mes-, ha declarado en la mañana de este martes como imputada ante la juez que instruye la «operación Patos». Según sus declaraciones a la salida de los juzgados vigueses, donde se instruye la causa, la que es la primera política que ostentaba un cargo público en desfilar ante la magistrada ha asegurado que «vine a aclarar lo que querían que aclarara». Un trámite que se extendió por poco menos de dos horas y que cumplió, ha dicho, «con toda la confianza y honestidad». Ahora, ha añadido, «hay que esperar a ver qué pasa».

Bravo Bosch, según fuentes judiciales consultadas por Efe, ha argumentado en su declaración como imputada que no tenía capacidad para adjudicar ni contratar obras, como tampoco para colocar a personal por indicaciones de terceros, y que su cargo era político, institucional.

En su caso está imputada por supuestos amaños de contratos y obras públicas y es la tercera persona en declarar ante Carmen García Campos, después de que la semana pasada hicieran lo propio dos técnicos de la delegación de la Xunta en Vigo, Juan Pedrosa, jefe del servicio de Formación y Colocación, y Ana Gómez.

Con anterioridad, se acogieron a su derecho a declarar Enrique Alonso Pais y Jaime Alvariñas, dueño y director general de Eiriña, constructora señalada como epicentro de la supuesta trama corrupta, así como el técnico de Cespa Juan Ramón Alonso.

Sobre su relación con Pais, Bravo Bosch ha reconocido que se conocen desde hace años por ser militantes del PP y que solo se reunió con él una vez y acompañada por el presidente local del partido, José Manuel Figueroa, también imputado en la Patos.

En total, son medio centenar los imputados, entre políticos, funcionarios y empresarios, en la Operación Patos.

Figuran en esa lista el expresidente de la Diputación y líder del PP de Pontevedra Rafael Louzán, cuya comparecencia ante la juez se ha aplazado al 17 de febrero, y el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero (PSOE), quien está citado para el 26 de noviembre.

La «operación Patos» estalló en febrero de 2014 cuando la Policía detuvo a cinco personas, un exconcejal de Nigrán (Pontevedra) y administradores y empleados de las empresas Cespa y Eiriña; y practicó registros en las corporaciones de Vigo, Nigrán, Santiago, Pontevedra, Ponteareas y Ourense.

También hubo registros en la delegación de la Xunta en Vigo, en dependencias de la Zona Franca, el Consorcio Casco Vello y el puerto, y en la Diputación de Pontevedra.