Los alcaldes de Cotobade y Cerdedo piden verse con Silva

No habrá reunión por el momento. La presidenta de la Diputación de Pontevedra no le ve «urgencia alguna» a la cita solicitada por los alcaldes de Cotobade, Jorge Cubela, y Cerdedo, José Manuel Balseiros, que ayer registraban sendas entrevistas con Carmela Silva y el vicepresidente de la institución, César Mosquera, para tratar el proceso de fusión anunciado por ambos municipios. El segundo en la Comunidad gallega tras la unión de Oza y Cesuras en 2013.

La intención de los regidores de explicar a la titular del ente provincial el proyecto tendrá que esperar. Silva recordaba ayer que se enteró por los medios de comunicación de la fusión y no ocultó su malestar con que «durante meses, a escondidas, detrás de la puerta, con oscurantismo, se fue fabricando esta fusión de la que la Diputación no tuvo absolutamente ningún conocimiento».

Una actuación que la política socialista tildó de «falta de respeto institucional».

Sea por este u otro motivo, la presidenta de la Diputación de Pontevedra señaló ayer que recibirá a los alcaldes «cuando toque» hacer el informe preceptivo sobre la fusión, ya que, por el momento, «no hay urgencia» en programar este encuentro. Entiende Silva que la administración provincial «no tiene nada que hacer» en un proceso que «ya cerraron entre ellos».

Por su parte, tanto Cubela como Balseiros censuraron no ser recibidos por miembros de dos partidos políticos, en este caso PSOE y BNG, que llevan en sus programas electorales la fusión voluntaria de ayuntamientos. Según indicaron, esta no es la primera vez que les niegan una entrevista para tratar temas de relevancia para ambos municipios.

En la misma línea, afearon que el número dos de la Diputación, el nacionalista César Mosquera, reciba a la recién creada plataforma «Non á fusión de Cotobade-Cerdedo», convirtiéndose en el «altavoz y portavoz» de unos vecinos que Balseiros vinculó con «acciones de grave radicalismo».

El propio Mosquera tildaba el miércoles la fusión de «disparatada y fuera de lugar» y acusaba de mentir a los alcaldes de Cotobade y Cercedo al indicar que «no reportará beneficio ni ventaja alguna». Es más, cifró en 300.000 euros anuales la pérdida en ayudas provinciales y avanzó «graves problemas» en la unificación de los servicios.