Piden 76 años de cárcel por un fraude de inmigración en varias provincias

La fiscalía solicita provisionalmente penas que suman 76 años de prisión para ocho acusados a los que vincula con una trama corrupta que se dedicaba a favorecer la inmigración ilegal y que estaba orquestada por empleados del consulado de un país magrebí en Alicante. Esos trabajadores no tenían la condición de funcionarios consulares ni la consiguiente inmunidad diplomática.

El Ministerio Público atribuye al grupo la comisión de varios delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, cohecho y falsedad documental pero el juicio, que debe celebrarse ante un tribunal de la Audiencia de Alicante, aún no tiene fecha.

Esta trama fue desarticulada por la Guardia Civil a mediados del año 2007 en el marco de la denominada «Operación Deporte», que se saldó con 25 detenciones en las provincias de Alicante, Murcia, Málaga y Valencia.

Las pesquisas revelaron la existencia de un grupo de trabajadores del consulado que percibían dinero a cambio de no reconocer como nacionales de ese Estado a inmigrantes detenidos por infracción de la Ley de Extranjería.

De acuerdo con el escrito de acusación de la fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, dos de esos empleados, que eran personal contratado y por lo tanto no tenían la condición de funcionarios consulares ni la consiguiente inmunidad diplomática, cobraban dinero o recibían dádivas para no reconocer a compatriotas y frenar así su expulsión de España.

Los demás sospechosos están encausados por pagarles supuestamente dichas prebendas o bien elaborar documentación falsa consistente en certificados del padrón municipal, impresos de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, ofertas de trabajo o permisos de conducir y partidas de nacimiento del país norteafricano, entre otros.

Cientos de papeles

De hecho, los agentes intervinientes se incautaron de cientos de estos papeles en los diferentes registros domiciliarios practicados en las viviendas donde residían los procesados junto con sellos de caucho, almohadillas, tintas y otros útiles utilizados para la falsificación.

La fiscalía destaca en su calificación jurídica el papel que jugaron en este entramado los dos trabajadores del consulado, R.L.M. y S.G., para los que reclama 31 y 25 años de prisión, respectivamente, así como varios lustros de inhabilitación y el pago de diversas multas.

El primero de ellos no identificó presuntamente a tres compatriotas «sin papeles» que habían sido detenidos por la Policía en la provincia de Málaga, actuación por la que habría percibido tanto dinero como un traje de caballero valorado en 1.100 euros.

Ese último regalo, junto con 1.100 euros en efectivo, se los dio la mujer de uno de los inmigrantes «por temor a no volver a ver a uno de sus hijos» según la acusación pública.

Igualmente, R.L.M. está acusado de proporcionar un pasaporte manipulado a otro compatriota sin la documentación requerida para ello y poner en contacto a otros con algunos de los acusados que se dedicaban a falsificar documentos.