Condenan a un año de cárcel a una exconcejal del PSOE de Benidorm por acoso laboral

El juzgado de lo Penal número 2 de Benidorm ha condenado a la exconcejal socialista Isabel Martínez a un año de prisión y a indemnizar con 35.610 euros más intereses a una funcionaria a la que sometió durante meses a acoso laboral. El juez considera probado que Martínez, que formó parte del equipo de gobierno de Agustín Navarro (hoy diputado provincial del PSOE en la Diputación de Alicante) como responsable de Servicios Sociales, realizó todo tipo de acciones «de forma injustificada» para menoscabar la posición de la funcionaria denunciante, que era la coordinadora de Bienestar Social hasta la llegada de los socialistas al gobierno.

Martínez formó parte del primer gobierno de Navarro, cuando en septiembre de 2009 los socialistas llegaron a la Alcaldía con una moción de censura apoyada por el tránsfuga del PP José Bañuls.

Al llegar a su nuevo cargo como concejal de Servicios Sociales, rebajó la categoría de la funcionaria, que había sido la coordinadora del área con el exalcalde popular Manuel Pérez Fenoll, y vació de funciones su cargo para encomendárselas a otros funcionarios.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, «desde septiembre de 2009, de forma continuada y sin justificación laboral», la exconcejal «realizó u ordenó realizar una serie de acciones que afectaban directamente» a la funcionaria, representada por la letrada Cecilia Morote, «desde reducir o anular injustificadamente la capacidad decisoria que le competía por razón del cargo», hasta «incluso ser apartada de la dirección y coordinación de centros sociales», pese a que era la coordinadora del área. Como consecuencia de esta actitud, la denunciante sufrió «trastorno de adaptación mixto de ansiedad y humor deprimido», por el que estuvo de baja casi un año, según la sentencia.

El juez afirma en el fallo que «estamos ante un caso claro de moobing vertical, de política recién llegada que quiere imponer sus nuevas formas y prefiere no contar con la funcionaria que lleva 10 años en el puesto superior del organigrama». El juez destaca que el descenso de categoría de la empleada se concretó «por la vía de los hechos, con vaciado total de competencias, de todo a nada, sin despacho, sentada en una silla de niño en una mesa escolar junto a la mesa del director de ese centro social, sin acceso a herramientas electrónicas, ni biblioteca, ni expedientes ni historiales».

Así, el fallo considera que «hay desde el primer día un propósito deliberado en destruir a una persona en su faceta de operador público, lo que conlleva indisolublemente el daño a la persona física». El magistrado califica el proceder de la exconcejal socialista como «ilícito contra una persona que tampoco era un contrario político, más duchos en esta serie de envites, sino al fin y al cabo una mujer en medio de su carrerera administrativa contra la que no constan quejas».

Por todo ello, el juez condena a la exconcejal a un año de prisión (que no tendrá que cumplir al no constarle antecedentes penales antes de la sentencia), y a indemnizar a la funcionaria con 35.610 euros más intereses por el periodo en que estuvo de baja como consecuencia del acoso laboral. Asimismo, el juez condena al Ayuntamiento de Benidorm como «responsable civil subsidiario».