Tribunales
El TSJ valenciano lleva al Constitucional el decreto de plurilingüismo al no cumplir el Consell con su suspensión
El tribunal recuerda que la norma mantiene su vigencia en la práctica aunque la Generalitat decidiera dar carpetazo para sacar adelante la nueva ley
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha decidido llevar al Constitucional el decreto de plurilingüismo tras los avisos previos al Gobierno autonómico por incumplimiento de las órdenes judiciales. La justificación va en la línea de lo expuesto en su anterior resolución sobre esta cuestión a finales del pasado mes. En ella denegaba la petición de la Generalitat para que se archivaran los diez procedimientos que tramita la Sala de lo Contencioso Administrativo contra la norma -derogada después de que el tribunal la suspendiera cautelarmente tras la interposición de varios recursos-.
Pero también lanzaba una advertencia: el decreto mantiene su vigencia en la práctica aunque el Consell decidiera dar carpetazo para sacar adelante la nueva ley. Una situación que supone, a ojos de la Sala, que «siga manteniendo los mismos efectos que el día en que se dictó» a pesar de exisitir cuatro autos ordenando la suspensión, una medida «de inmediato cumplimiento» .
La Generalitat, sin embargo, no ha movido ficha hasta ahora y tanto su presidente, Ximo Puig, como el conseller de Educación, Vicent Marzà, se han escudado en que el decreto está derogado . Para el TSJCV no resulta suficiente y este miércoles ha decidido plantear una cuestión de inconstitucionalidad en un auto contra el que no sabe recurso.
«La Conselleria de Educación no cumplió la orden de suspensión », indica la resolución, y, en su lugar, el Gobierno valenciano aprobó el Decreto-Ley de medidas urgentes para la aplicación durante el curso 2017-2018 de los proyectos lingüísticos de centro, convalidado por el pleno de Las Cortes el 8 de septiembre de 2017.
Decisión arbitraria
Para los magistrados, el decreto ley vulnera varios artículos de la Constitución al tratarse de una decisión arbitraria porque no existía «extraordinaria y urgente necesidad» para el dictado de tal norma. Ésta se aprobó, señalan, con la finalidad de impedir la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo que acordaban la suspensión del decreto de plurilingüismo y establecían, además, la forma en que tal suspensión debía ejecutarse.
La Sala precisa también que el propio decreto ley cuya constitucionalidad se cuestiona, en su exposición de motivos explica que «pretende poner en marcha el sistema establecido en el decreto que estaba suspendido por el Tribunal» en tanto se implantaba el nuevo sistema . Las disposiciones específicas de esa norma que se cuestionaron, añaden, implantan ese sistema durante el presente curso escolar en el segundo ciclo de educación Infantil en lugar de volver al anterior (el del PP).
Tras conocer la decisión, el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, se ha mostrado «muy satisfecho» porque atiende la tesis de la institución de que entendía que la Generalitat eludía la medida cautelar impuesta por el tribunal que se instaba a volver al decreto de 2012. «El Consell no puede regatear a la justicia ni saltarse los autos dictados», ha señalado.
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