El nuevo destino de la última «isla pirata» del Mediterráneo en Benidorm

La « isla pirata » de Benidorm -probablemente la última del Mediterráneo- podría convertirse en un centro de interpretación medioambiental en breve si el Gobierno central atiende la petición del Ayuntamiento para reconvertir las instalaciones del restaurante con terraza que funciona allí sin licencia desde hace más de 50 años.

De materializarse esta iniciativa municipal, sería un desenlace paradójico puesto que en la actualidad este bar contamina el Mediterráneo con vertidos.

Esta actividad hostelera no autorizada -que inspiró el término de «pirata» acuñado por una asociación empresarial náutica- aún sigue coleando en los tribunales, puesto que el titular de este establecimiento ha elevado varios recursos y en estos momentos tiene pendiente un contencioso en la Audiencia Nacional .

Así lo ha revelado una respuesta parlamentaria de la Cámara Alta al senador de Compromís Carles Mulet, quien ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no haga cumplir la ley y ha opinado que «es un caso más, aunque sintomático, de hacia dónde dirige sus esfuerzos un Gobierno capaz de gastar mil millones en un proyecto inútil como Castor e ignorar cómo denuncian las organizaciones conservacionistas en su informe Banderas negras 2019 innumerables casos de contaminación, mala gestión, turistificación, destrucción de cordones dunares, presencia de plásticos, mala depuración, presión humana y urbanismo excesivo».

De hecho, en esa misma comunicación por escrito del Senado, Costas puntualiza que el islote de Benidorm forma parte del parque natural de Serra Gelada y, en consecuencia, la competencia para velar por el cumplimiento de la normativa específica, así como «los vertidos al mar que al parecer se están produciendo desde el mencionado establecimiento», corresponde a la Generalitat Valenciana.

Mientras se resuelve la enésima causa judicial entre el particular y la Administración central o la propuesta un tanto salomónica del Ayuntamiento para no llegar al derribo, la orden del Servicio Provincial de Costas era «retirar todas las instalaciones existentes en terrenos de dominio público marítimo terrestre destinadas a establecimiento de restauración (incluidas terrazas, escaleras, aljibes, jaulas para animales, y demás instalaciones vinculadas con este establecimiento), previo desahucio de las personas físicas o jurídicas que las explotan». Fue dictada en febrero de este año y daba tres meses de plazo para su ejecución.