El tres por ciento valenciano

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto negro sobre blanco que la Comunidad Valenciana representa poco más del tres por ciento de la cuota de procesados o acusados por delitos de corrupción en España entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016.

Durante el citado periodo, los Juzgados y Tribunales españoles dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento por delitos relacionados con la corrupción contra 1.378 personas. De ellas, 51 corresponden a la Comunidad Valenciana. Un porcentaje de poco más del tres por ciento sobre el total, que queda por debajo de su peso demográfico y económico, situado en el entorno del diez por ciento.

Sostiene el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que sobre la Comunidad Valenciana pesa una «hipoteca reputacional» que lastra su imagen.

No le faltan razones al jefe del Consell. La etiqueta de autonomía corrupta que pesa sobre la Comunidad Valenciana respecto al resto de regiones españolas resta posibilidades económicas y supone una generalización injusta para sus cinco millones de habitantes de bien, que deseamos que quien haya metido la mano en la caja devuelva el dinero que es de todos y pague por sus delitos de acuerdo con el Código Penal, con independencia del partido político al que pertenezcan y de cualquier otra circunstancia.

Con todo, la estadística del CGPJ revela que la corrupción es, desgraciadamente, una lacra estructural que no entiende de territorios, por lo que no debería emplearse como arma arrojadiza sobre alguna región en concreto. Las autonomías no son corruptas. Los corruptos son las personas que roban, no los territorios en los que cometen sus delitos.

Al respecto, las cifras oficiales sitúan por encima de la Comunidad Valenciana en cuanto a número de procesados por corrupción a regiones de muchos menos habitantes y sin losa alguna de «hipoteca reputacional» como Asturias, gobernada por el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, o Cantabria, bajo el mando de Miguel Ángel Revilla, habitual «azote» de las corruptelas ajenas en los foros televisivos que frecuenta.

El repositorio estadístico difundido por el órgano de gobierno de lo jueces revela, asimismo, que la Comunidad Valenciana encabeza el número de procedimientos sobre corrupción (veinte), solo superada por la Andalucía de Susana Díaz (que suma uno más). Unas cifras de las que se derivan que en otras autonomías hay menos casos pero más corruptos.

La Comunidad Valenciana acapara el doce por ciento de los procedimientos, pero solo el 3,7 por ciento de los procesados, que todavía son muchos. No debería haber ninguno. Lo ideal, de hecho, sería alcanzar el registro de Navarra, la única autonomía libre de procedimientos y de encausados por delitos corrupción en España en el periodo analizado por el Consejo General del Poder Judicial.